La producción de Itaipú cayó 20% en 2024; sin embargo, sus remesas al Paraguay por los beneficios que establece el Anexo C , aumentaron. La contradicción, según fuentes técnicas alternas, se debería a que los gobiernos acordaron otros puntos sobre los cuales no informaron.
La Contraloría General de la República (CGR), a cargo del contralor Camilo Benítez Aldana (ANR), habla de transparencia, sin embargo, en su informe de rendición de cuentas del primer semestre de los intendentes y gobernadores llamativamente omitió publicar los nombres de municipios cuyos jefes comunales no entregaron sus documentaciones para justificar el uso del dinero público. Once administraciones están en falta.
El diputado Benjamín Cantero (ANR) presentó un proyecto de ley para que el municipio de Puerto Adela (Canindeyú) sea incluido en la distribución de los royalties como “municipio afectado”. De esta manera buscan que reciba mayor recurso financiero sin depender de la cantidad de los habitantes que tenga.
Ocho intendentes privan a sus ciudades de recibir dinero de los recursos estatales debido a faltas administrativas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que obliga a la cartera de Estado a bloquear las transferencias. Entre los jefes comunales infractores están tres del Partido Colorado, tres del Partido Liberal y dos aliancistas.
Itaipú transfirió al estado paraguayo US$ 44 millones en mayo, de los cuales la transferencia por royalties totalizó US$ 22 millones, mientras que US$ 14 millones fueron desembolsados por cesión de energía y la ANDE recibió US$ 8 millones, informó la entidad.
Dos intendentes cartistas no presentaron sus rendiciones de cuentas del primer cuatrimestre del uso del dinero proveniente de los royalties y del Fondo Nacional Pública y Desarrollo (Fonacide), según informó la Contraloría General del la República (CGR). Asimismo, tres jefes comunales colorados y uno del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no entregaron sus documentaciones ante la institución contralora a tiempo.