17 de septiembre de 2025
El Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes ya no tiene impedimentos para resolver el recurso planteado por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo del exgobernador de Presidente Hayes y actual diputado Rubén Rousillón Blaires (ANR - cartista), del proceso penal por presunta complicidad en lesión de confianza. Según la acusación del Ministerio Público el ahora legislador ocasionó un perjuicio de G. 853 millones a la Gobernación, entre el 2008 y 2013
El diputado Rubén Roussillón (ANR-HC) presentó un proyecto de ley para la regulación del precio del peaje al tránsito automotor que beneficie específicamente a los pobladores del Bajo Chaco. Plantea que quienes viven y estudian en la zona paguen solo el 50% del peaje.
El gobernador de Presidente Hayes, Rubén Antonio Roussillón Blaires, fue acusado de lesión de confianza, en carácter de cómplice, para la efectivización irregular de 42 cheques de la gobernación durante la administración de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez. Según la fiscalía, el actual jefe departamental causó un daño patrimonial de G. 853.540.786 a la institución.
La fiscala María Estefanía solicitó juicio oral para siete de los ocho imputados por aparentes hechos de corrupción en gestión de juegos de azar. Son exautoridades y exmiembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y Álvaro Wamosy, representante de TDP SA, explotadora de la quiniela. En tanto que solició el sobreseimiento provisional para el exprocurador Sergio Coscia.
Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez, actuales autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y Omar Mongelós, exmiembro, no podrán salir del país, entre otras medidas alternativas a la prisión, que fueron ordenadas por el juez Humberto Otazú. Se encuentran procesados por presuntos hechos de corrupción con tragamonedas, quiniela y reducción del canon a concesionarias.
Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez se presentaron ante la Fiscalía esta mañana y se abstuvieron a declarar por aparente hechos de corrupción en la gestión en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Se encuentran procesados por “legalizar” de tragamonedas en sitios prohibidos, adjudicar la quiniela a una empresa morosa del fisco y reducir el canon en pandemia.