El Gobierno del presidente Santiago Peña es caracterizado por una mayoría en el Congreso que aprueba a mansalva cuestionados proyectos y luego estos son promulgados por el Poder Ejecutivo. A lo largo del tiempo que lleva en el poder, varias veces motivó distintas manifestaciones y movilizaciones en su contra, especialmente por parte de los trabajadores. ¿Por qué? En la siguiente nota, más detalles.
Alejandra Peralta Merlo, abogada especialista en derechos humanos, explicó que tanto la estabilidad laboral como el salario mínimo no se pueden suprimir, porque están garantizados por la Constitución Nacional. Además, dijo que la comparación realizada por el ministro de Industria, Javier Giménez, con países que no tienen un salario mínimo base está totalmente alejada de nuestra realidad y que lo único que se va a lograr es una cuasiesclavitud.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEES) salió al paso de los comentarios hechos por el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) Javier Giménez que el salario mínimo debería eliminarse. Te comentamos cuál fue la advertencia de la cartera de trabajo sobre el controversial tema.
La posibilidad de eliminar el salario mínimo surgió hoy luego de que el ministro del MIC, Javier Giménez, sugiriera esto y argumentara a favor en un programa de radio. Desde algunos sectores calificaron la intención de inconstitucional y de un retroceso en materia de derechos laborales.
El senador Gustavo Leite indicó que la eliminación del salario mínimo es un debate de hace tiempo. Señaló no creer que eso sea el motivo principal de la falta de inversiones, sino que apuntó a la excesiva burocracia. Expresó que le gustaría que se haga una prueba para poder sacar mejores conclusiones.
El diputado opositor Raúl Benítez lanzó críticas contra la idea expresada hoy por el ministro Javier Giménez de eliminar el salario mínimo en Paraguay. Opinó que se trata de una idea que busca tapar la “inutilidad” del Gobierno a la hora de atraer inversiones y argumentó que esas inversiones no están obstaculizadas por el salario mínimo, sino por la inseguridad jurídica en el país.