24 de octubre de 2025
GUAJAYVI. Nativos de 14 comunidades provenientes de los departamentos de Canindeyú y San Pedro esperan la distribución de víveres por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Los líderes, acompañados por algunas familias, se encuentran acampados al costado de la ruta PY08, cerca de la rotonda de la Calle 6.000, aguardando la llegada de los alimentos no perecederos desde la capital del país.


SAN PEDRO. En una rápida y coordinada intervención, agentes de la Policía Nacional del distrito de Santa Rosa del Aguaray lograron recuperar un vehículo robado durante la madrugada de hoy. El operativo también derivó en la aprehensión de un joven de 18 años y la incautación de un arma blanca y un teléfono celular.

Los pobladores de la localidad de San Pablo, ex Cocueré, están gestionando la construcción de una nueva sede para la Comisaría 9 local, cuya base funciona actualmente en un viejo edificio construido por vecinos de la zona. Los lugareños tienen como objetivo cambiar la deplorable imagen de la fachada de la institución policial y aumentar la cantidad de uniformados para la habilitación de la Ruta PY22.

La crisis política y financiera que atraviesa la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú se profundiza. Tras el fracaso del intento del intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) de emitir bonos por G. 48.000 millones, ahora el jefe comunal solicita autorización a la Junta Municipal para acceder a un préstamo de G. 2.000 millones, esta vez con el objetivo de pagar salarios atrasados a funcionarios municipales.
Agricultores de este municipio crearon por primera vez la Asociación de Productores Frutihortícolas de Guayaybí con el propósito de mejorar la situación económica de la gente que trabaja en el rubro, mediante el trabajo coordinado con las respectivas instituciones. Con esto, además, buscan la manera de adecuarse a las reglamentaciones requeridas por los organismos correspondientes, especialmente en el tema del pago de los impuestos.
SAN PEDRO. Productores menonitas de la colonia Manitoba, distrito de Tacuatí, fueron víctimas de una ola de robos de equipos agrícolas de alta tecnología, específicamente GPS piloto automático utilizados en tractores, cuyo valor oscila entre 10.000 y 20.000 dólares por unidad.