La mala calidad del gasto público le cuesta anualmente a las economías de América Latina y el Caribe (ALC) alrededor de US$ 220.000 millones, es decir, 4,4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Con estos recursos perdidos, podrían construirse unos 1.225 hospitales con 200 camas, de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ciertamente, existen nuevos postulados fraudulentos, que habilitan un renovado campo de estudio, cuyo desafío consiste en reconocer aquellos sucesos ilícitos dentro de una institución financiera privada. Es que, la acción ilícita de “peculado” se reconoce desde tiempos vetustos, bajo la denominación de peculatus (derecho romano), que había surgido (en principio) como “hurto” realizado al ganado perteneciente al Estado.
En el segundo trimestre del año pasado, el sector público empleaba a 324.229 personas; en el segundo de este año, ya eran 411.588, de las cuales 66.388 habían sido incorporadas en los últimos tres meses, lapso en que el sector privado creó 26.806 puestos de trabajo. Estos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan un alarmante crecimiento del personal público, seguramente estimulado por el calendario electoral. Si el Estado destina alrededor del 70% de los ingresos tributarios a los “servicios personales”, en detrimento de las inversiones de capital, el despropósito se irá agravando con la entrada de nuevos funcionarios y contratados.
Si bien los datos de empleo al segundo trimestre muestran un avance en la ocupación de los paraguayos en comparación a los trimestres anteriores, esta mejora no es uniforme en todos los segmentos económicos.
La intención de actualizar los haberes jubilatorios del sector público queda postergada para que los senadores puedan evaluar modificaciones sin perjudicar la caja fiscal.
En la conferencia de prensa brindada hoy por representantes del Gobierno Nacional y del sector privado de eventos, se anunció que estarán permitidos los eventos masivos en exteriores, llenando el 100% de la capacidad de los espacios, pero con la condición de que un 80% presente certificado de vacunación y un 20% presente prueba de PCR.