sector público

La mala calidad del gasto público le cuesta anualmente a las economías de América Latina y el Caribe (ALC) alrededor de US$ 220.000 millones, es decir, 4,4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Con estos recursos perdidos, podrían construirse unos 1.225 hospitales con 200 camas, de acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las remuneraciones a los funcionarios de la Administración Central han crecido de manera importante en las últimas dos décadas. El componente salarial forma parte de los denominados gastos rígidos, es decir, el dinero que un Gobierno debe gastar de manera obligatoria y constante, de acuerdo con leyes o contratos. Este tipo de gasto incluye como se mencionaba, los sueldos, pensiones y jubilaciones, pagos de deuda y ayudas sociales.

La Caja Fiscal o el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público se compone de la Administración Pública, el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios, los Magistrados Judiciales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Se inició el mes de la lucha contra el cáncer de mama, denominado “Octubre rosa”, en que se insta a realizar los estudios de diagnóstico. Sin embargo, Paraguay cuenta solamente con 24 mamógrafos distribuidos en hospitales públicos, cinco departamentos del país no cuentan con el servicio en hospitales públicos.  

Hace unos días se supo que las senadoras Zenaida Delgado y Noelia Cabrera, renunciante del partido Cruzada Nacional la una y expulsada del PLRA la otra, devenidas cartistas, utilizaron vehículos del Estado con objetivos particulares. El uso y la tenencia de automotores del sector público están reglamentados por la Ley Nº 704/95, de modo que un legislador, un ministro o un funcionario, entre otros, no pueden hacer con ellos lo que se les ocurra, como si fueran sus dueños. El órgano de aplicación de esta ley es la Contraloría General de la República (CGR), que en 2007 emitió una resolución que dispone el “control permanente” de los vehículos del sector público en todo el país. Pero como en casi todo en nuestro país, la leyes son papel mojado, es decir, no tienen vigencia efectiva. Es necesario defender el bien común, atacando la muy difundida y arraigada creencia de que el Estado es un botín al que se accede mediante unas elecciones o el patrocinio de un influyente personaje de la politiquería.