15 de agosto de 2025
Giuliano Caligaris, directivo de Biggie S.A., explicó que el proceso de rehabilitación de los locales que fueron cerrados temporalmente por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y orden de Santiago Peña, fue bastante menos acelerado de lo que esperaban.
El diputado opositor Raúl Benítez dio a conocer que una comisión de investigación había convocado a la ministra de la Sedeco, Sara Irún, para conversar sobre los altos precios de la carne, sin embargo, la funcionaria no asistirá, adelantó.
Sara Irún, actual titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) y parte ejecutora del cierre arbitrario por parte del gobierno de Santiago Peña de la cadena de tiendas de conveniencia Biggie Express, tuvo un ascenso a ministra, luego de ser varios años funcionaria de la institución e incluso cumplir funciones en otras dependencias del Estado. En esta nota te contamos los pasos que siguió antes de ser nombrada en el alto cargo.
Registro de las cámaras de seguridad de los dos locales de Biggie intervenidos ayer por la Dinavisa y Sedeco muestran cómo fueron los procedimientos que derivaron en el cierre temporal de todas las sucursales de la cadena. Los aspectos que llamaron la atención.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay dijo que la sanción de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria a la cadena de tiendas Biggie, que llevó al cierre temporal de todos sus locales, es desproporcional a las irregularidades denunciadas y “genera todo tipo de dudas sobre la calidad de las decisiones y sobre la seguridad jurídica”.
El director de la cadena de tiendas Biggie, que cerró esta medianoche las puertas de todas sus tiendas tras una orden de “suspensión temporal” de venta de la mayoría de sus productos de parte del gobierno del presidente Santiago Peña, dijo que las “anomalías” detectadas por la Sedeco y la Dinavisa afectan a solo cinco productos de los más de 450.000 que la cadena vende a diario, y atribuyó el problema a “errores involuntarios”. Calificó la medida del gobierno como sin precedentes, que atenta contra la seguridad jurídica en el país.