seguridad social

A propósito del Día de la Seguridad Social, celebrado días pasados, se acaba de actualizar un dato dramático. Ya con todos los ajustes realizados por el número real de habitantes que arrojó el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, apenas el 30% de la población económicamente activa está aportando a algún sistema jubilatorio, lo que significa que, si todo sigue igual, cuanto menos dos millones de personas que hoy trabajan, a lo que debe sumarse otro millón de mayores de quince años que no están en el mercado laboral, llegarán a la tercera edad sin una mínima pensión propia por la que hayan contribuido, lo cual, si no se hace algo al respecto, se constituirá en un peso insoportable para las finanzas públicas. Para tener una idea de la extrema gravedad de esta situación, si en un futuro relativamente cercano el Estado paraguayo tuviera que hacerse cargo, como indefectiblemente va a ocurrir de una manera o de otra, de tres millones de personas sin ingresos que ya no estarán en condiciones de producir, para otorgarles apenas una exigua asistencia equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, a valores de hoy se necesitarán 6.300 millones de dólares al año solo para ese fin, una suma que excede con creces el total de los presupuestos combinados de salud, educación, infraestructura y seguridad. Y estas son cifras bastante conservadoras, porque, si no se toman medidas, el contingente de retirados sin jubilación será mucho mayor.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los sistemas de pensiones representan uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar y desempeñan un rol clave, tanto en la protección social como en la sostenibilidad fiscal de los países. Estos sistemas funcionan como contratos sociales cuyo objetivo principal es garantizar a los adultos mayores un nivel de consumo digno en una etapa de la vida en la que las posibilidades de generar ingresos se reducen significativamente.

Pese a los avances registrados en los últimos años, Paraguay todavía registra una alta informalidad laboral, lo que lleva a que menos del 30% de la población pueda acceder a una cobertura de protección social. Sin dudas, es una de las grandes deudas que conlleva desafíos para que la mayor parte de la población pueda contar con este derecho.

Un análisis de los depósitos del sector público en el sistema financiero nacional permite identificar qué instituciones concentran mayor liquidez y cómo se distribuyen estos fondos entre las distintas entidades del Estado.

Entre los temas económicos presentados y analizados durante el año 2024 se destacó el fuerte crecimiento de los métodos de pago alternativos (APM) que a nivel mundial han sido impulsados por la digitalización acelerada tras la pandemia del covid. Se estima que para el 2027 estos sistemas crecerán tres veces más rápido que las transacciones con tarjetas. En 2022, los pagos con APM alcanzaron los 19 billones de dólares, mientras que el uso de efectivo continuó su declive en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes.