21 de mayo de 2025
A propósito del Día de la Seguridad Social, celebrado días pasados, se acaba de actualizar un dato dramático. Ya con todos los ajustes realizados por el número real de habitantes que arrojó el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, apenas el 30% de la población económicamente activa está aportando a algún sistema jubilatorio, lo que significa que, si todo sigue igual, cuanto menos dos millones de personas que hoy trabajan, a lo que debe sumarse otro millón de mayores de quince años que no están en el mercado laboral, llegarán a la tercera edad sin una mínima pensión propia por la que hayan contribuido, lo cual, si no se hace algo al respecto, se constituirá en un peso insoportable para las finanzas públicas. Para tener una idea de la extrema gravedad de esta situación, si en un futuro relativamente cercano el Estado paraguayo tuviera que hacerse cargo, como indefectiblemente va a ocurrir de una manera o de otra, de tres millones de personas sin ingresos que ya no estarán en condiciones de producir, para otorgarles apenas una exigua asistencia equivalente a la mitad de un sueldo mínimo, a valores de hoy se necesitarán 6.300 millones de dólares al año solo para ese fin, una suma que excede con creces el total de los presupuestos combinados de salud, educación, infraestructura y seguridad. Y estas son cifras bastante conservadoras, porque, si no se toman medidas, el contingente de retirados sin jubilación será mucho mayor.
La Unión Nacional de Jubilados, liderada por Pedro Halley, exige elecciones generales para que los 180.000 jubilados del país elijan democráticamente a sus representantes ante el Consejo Nacional de Seguridad Social. Advierten que no aceptarán imposiciones del gobierno y están dispuestos a movilizarse si no se respeta su derecho al voto.
El derecho de la seguridad social es el conjunto de principios teóricos y normas positivas que en función de la solidaridad social, tienen por objeto regular la organización, competencia, funciones y atribuciones de las instituciones públicas, privadas y mixtas, que integran el sistema de seguridad social, y sus relaciones jurídicas con el estado, los beneficiarios y los contribuyentes.
La improvisación quedó una vez más documentada esta semana, ante las masivas quejas de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) por las excesivas demoras para, con suerte, ser atendidos y obtener algún turno de consultas, tras intentar comunicarse con el centro de llamadas de la previsional.
En la edición anterior se abordaba que, pese a los avances registrados en los últimos años, Paraguay sigue perteneciendo al grupo de países de la región con mayor nivel de informalidad, constituyéndose en una restricción para su crecimiento y desarrollo. Por tanto, el impulso de una seguridad social que garantice cobertura y protección ante los riesgos sociales es uno de los desafíos centrales para las políticas públicas.
Los sistemas de pensiones tienen como objetivo, por un lado, permitir a las personas contar con ingresos luego del retiro a cambio de realizar aportes durante su vida laboral y, por otro, evitar situaciones de pobreza en la vejez, tal como hace referencia un estudio del Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) denominado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: Los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”.