10 de enero de 2026

La informalidad continúa como uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral en América Latina y el Caribe. Con una tasa regional cercana al 47% –promedio de 12 países–, casi la mitad de las personas ocupadas permanece al margen del acceso a la seguridad social, la estabilidad y la protección asociadas al empleo formal, de acuerdo con el reciente Informe Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Un análisis de los depósitos del sector público en el sistema financiero nacional permite identificar qué instituciones concentran mayor liquidez y cómo se distribuyen estos fondos entre las distintas entidades del Estado.

Entre los temas económicos presentados y analizados durante el año 2024 se destacó el fuerte crecimiento de los métodos de pago alternativos (APM) que a nivel mundial han sido impulsados por la digitalización acelerada tras la pandemia del covid. Se estima que para el 2027 estos sistemas crecerán tres veces más rápido que las transacciones con tarjetas. En 2022, los pagos con APM alcanzaron los 19 billones de dólares, mientras que el uso de efectivo continuó su declive en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes.

La organización Pro Desarrollo Paraguay instó al Gobierno a “poner foco” en la situación de precariedad laboral e informalidad en que se encuentran las micro y pequeñas empresas e hizo un llamado a generar políticas públicas que promuevan “mayor bienestar” para el sector. Según datos oficiales, unas 705.521 mipymes (65% del total) subsisten actualmente en la informalidad, que implica múltiples limitaciones como la ausencia de seguridad social, salario estable y más.

La Unión Nacional de Jubilados, liderada por Pedro Halley, exige elecciones generales para que los 180.000 jubilados del país elijan democráticamente a sus representantes ante el Consejo Nacional de Seguridad Social. Advierten que no aceptarán imposiciones del gobierno y están dispuestos a movilizarse si no se respeta su derecho al voto.
El derecho de la seguridad social es el conjunto de principios teóricos y normas positivas que en función de la solidaridad social, tienen por objeto regular la organización, competencia, funciones y atribuciones de las instituciones públicas, privadas y mixtas, que integran el sistema de seguridad social, y sus relaciones jurídicas con el estado, los beneficiarios y los contribuyentes.