1 de febrero de 2026
Las leyes del seguro social europeo, especialmente españolas, que sirvieron de modelo a la versión paraguaya -léase IPS- vigente desde 1950, funcionaron al inicio en forma bastante eficaz: un sistema solidario donde trabajadores y empleadores aportan determinado porcentaje para garantizar salud y jubilación. Así lo expresa su Ley orgánica, donde está definida como una institución autónoma, técnica, profesional. Sus bienes patrimoniales -por lo menos los inmuebles- no pueden enajenarse. Hasta ahí, se hicieron muy bien las cosas.

Pese a los avances registrados en los últimos años, Paraguay todavía registra una alta informalidad laboral, lo que lleva a que menos del 30% de la población pueda acceder a una cobertura de protección social. Sin dudas, es una de las grandes deudas que conlleva desafíos para que la mayor parte de la población pueda contar con este derecho.

Un análisis de los depósitos del sector público en el sistema financiero nacional permite identificar qué instituciones concentran mayor liquidez y cómo se distribuyen estos fondos entre las distintas entidades del Estado.

Entre los temas económicos presentados y analizados durante el año 2024 se destacó el fuerte crecimiento de los métodos de pago alternativos (APM) que a nivel mundial han sido impulsados por la digitalización acelerada tras la pandemia del covid. Se estima que para el 2027 estos sistemas crecerán tres veces más rápido que las transacciones con tarjetas. En 2022, los pagos con APM alcanzaron los 19 billones de dólares, mientras que el uso de efectivo continuó su declive en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes.

La organización Pro Desarrollo Paraguay instó al Gobierno a “poner foco” en la situación de precariedad laboral e informalidad en que se encuentran las micro y pequeñas empresas e hizo un llamado a generar políticas públicas que promuevan “mayor bienestar” para el sector. Según datos oficiales, unas 705.521 mipymes (65% del total) subsisten actualmente en la informalidad, que implica múltiples limitaciones como la ausencia de seguridad social, salario estable y más.

La Unión Nacional de Jubilados, liderada por Pedro Halley, exige elecciones generales para que los 180.000 jubilados del país elijan democráticamente a sus representantes ante el Consejo Nacional de Seguridad Social. Advierten que no aceptarán imposiciones del gobierno y están dispuestos a movilizarse si no se respeta su derecho al voto.