servicio de inteligencia

Bien se sabe que Pedro Juan Caballero es el epicentro nacional del narcotráfico. Tiene solo unos 125.000 habitantes, de modo que no debería resultar muy difícil detectar a los involucrados en esa actividad delictiva tan rentable, más aún atendiendo que quienes se dedican a ella acostumbran ostentar sus bienes: Reinaldo Javier Cabaña (“Cucho”) tenía una imponente casa-quinta en el pequeño municipio de Juan E. O’Leary, en tanto que el pastor José Alberto Insfrán era dueño de dos lujosas viviendas en la minúscula localidad de 25 de Diciembre, pero nada de esto había llamado la atención oportuna de los organismos de inteligencia. También la vivienda pedrojuanina de Ederson Salinas (“Ryguasu”), tiroteada hace unos días por un grupo movilizado en varias camionetas, parece de lo más confortable, al menos en lo que al mobiliario respecta. Fue la mano derecha del brasileño Sergio Quintiliano Neto (“Minotauro”), condenado en su país, en 2020, a 40 años y nueve meses de prisión, por haber liderado una red que proveía al Primer Comando da Capital de cargas de cocaína introducidas desde el Paraguay. Lo apuntado no era ningún secreto, salvo quizá para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) o la Policía Nacional (PN), dado que Salinas no registra antecedentes judiciales ni pesa sobre él una orden de captura. Es de suponer que nunca se ocuparon de él, porque no todos sus funcionarios son idóneos, diligentes y honestos, por decir lo menos.

Tras el asalto con explosivos a la sucursal del banco Visión en la localidad de Liberación, departamento de San Pedro, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor anunció el envío de refuerzos policiales en la zona. Por otra parte, negó que haya fracasado el sistema de inteligencia.

El ministro del Interior, Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, completó los primeros tres meses al frente de la citada cartera de Estado, luego de desempeñarse por cuatro años como fiscal antidrogas en Salto del Guairá y dos meses como viceministro de Seguridad Interna.