9 de febrero de 2026

El juez Osmar Legal se opuso al pedido de sobreseimiento provisional para Matías Joel Chamorro Ortiz, hecho por el Ministerio Público en el marco del caso Dulzura. El mismo está procesado por supuesto tráfico de drogas en grado de tentativa. En esta causa se indaga a los responsables de la carga de 4.031 kilos de cocaína, entre azúcar, incautados en julio de 2025 en Zeballos Cue.

El exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y su vice Marta Morínigo, procesados por lesión de confianza tras el fallido proyecto Metrobús, obtuvieron el sobreseimiento provisional por parte del juez de garantías Humberto Otazú, quien argumentó incoherencias en la acusación fiscal en base a dos pericias presentadas.

El juez Humberto Otazú dispuso el sobreseimiento provisional de los cuatro policías de la Interpol, procesados por la alteración de las notificaciones rojas en los perfiles de Gianina García Troche y José Estigarribia, pareja y colaborador, respectivamente del uruguayo prófugo por A Ultranza, Sebastián Marset. Además, levantó todas las medidas que pesaban sobre los encausados.

A pedido del Ministerio Público un juzgado de Garantías ordenó el sobreseimiento provisional del ex presidente de la Essap Osmar Ludovico Sarubbi y otros 29 procesados por el supuesto desvío de más de G. 17.000 millones, entre 2015 y 2016. En noviembre de 2021 se había decretado en primera instancia el sobreseimiento definitivo de todos los encausados, pero la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo.

La Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de cuatro policías del departamento de Interpol, procesados por el ocultamiento de las notificaciones rojas de la uruguaya Gianina García Troche y del paraguayo José Fernando Estigarribia Cristaldo, esposa y secretario del traficante de cocaína uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

El juzgado de Garantías dictó el sobreseimiento provisional del intendente de Luque Carlos Echeverría Estigarribia, de 45 años, en el proceso que afronta por la muerte de una madre y su hija que fueron arrastradas por el raudal, en abril de este año. Ahora la Fiscalía tiene un año más de plazo para finalizar la investigación en la causa por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.