La defensa de Paulo César Fines, uno de los seis acusados en el caso Dakovo, planteó un incidente que provocó la suspensión de la audiencia preliminar prevista para hoy. Según la Fiscalía, los encausados formaron parte de una red dedicada a la venta irregular de armas, legalmente importadas, a grupos criminales como el PCC o Comando Vermelho, a través de prestanombres.
CIUDAD DEL ESTE. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió la licitación para la provisión de merienda escolar convocada por la Gobernación del Alto Paraná, a raíz de denuncias de irregularidades que podrían favorecer a “empresas amigas”. La convocante prevé destinar G. 55.410 millones, a este proyecto de alimentación escolar.
Un Tribunal de Sentencia denunció a un abogado ante el Ministerio Público, por la supuesta falsificación de un certificado médico. El mismo ejerce la defensa de un acusado por coacción sexual y abuso sexual en niños, y habría presentado el documento apócrifo para lograr la suspensión del inicio del juicio en el cual la acción penal está cerca de extinguirse.
La defensa de Héctor Iván Grau Arroyo (18), uno de los dos acusados por agredir al joven Benjamín Raúl Zapag Gayet en una discoteca, recusó la fiscala Claudia Penayo y esto, derivó en una nueva suspensión de la audiencia preliminar que debía realizarse hoy desde las 8:30. Ya con una fiscal interina, la diligencia se llevaría a cabo mañana.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia abrió sumario y suspendió en sus funciones, con goce de salario básico, a una jueza penal de Garantías de Caacupé y su actuaria, por otorgar arresto domiciliario a un procesado que planteó un hábeas corpus genérico; y ordenar la internación de otro interno sin especificar su la urgencia de su estado de salud. Los antecedentes de la magistrada en cuestión fueron remitidos al Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) suspendió temporalmente las actividades comerciales de cuatro establecimientos, situados en Encarnación y en San Ignacio, por no expedir comprobantes legales.