6 de junio de 2025
La acción de inconstitucionalidad promovida en diciembre de 2022 en contra de la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que decidió absolver a los camaristas que confirmaron la decisión de la entonces jueza Tania Irún, de entregar tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas extranjeras, sigue pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Los accionantes presentaron un urgimiento a la Sala Constitucional para que resuelva el planteamiento.
Se confirmó el Tribunal de Apelación que estudiará el recurso planteado por la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala, en contra de la elevación a juicio oral de la causa penal que afronta por presunto prevaricato. La acusación fiscal señala que entregó 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en la zona de seguridad fronteriza.
La exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Irún Ayala afrontará juicio oral y público por presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierras, ubicadas en la zona de seguridad fronteriza, en el Chaco. La defensa solicitó su sobreseimiento definitivo, pero el juzgado rechazó el incidente.
La exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún está convocada para el 20 de agosto, a fin de llevar a cabo su preliminar en la causa penal que afronta por presunto prevaricato. La Fiscalía pide que vaya a juicio por la entrega de 310 mil hectáreas de tierra, en la zona de seguridad fronteriza.
Una fundación integrada por voluntarios japoneses solicitaron intervención en el litigio de 310.000 hectáreas de tierras en el Alto Paraguay, que la ex jueza Tania Irún había ordenado transferir a empresas que serían de maletín. Los solicitantes son arrendatarios, con opción a compra, de unas 80.000 hectáreas del inmueble en cuestión, por lo que serían perjudicados si se concreta la transferencia ordenada por la ex magistrada..
El juez de Garantías Yoan Paul López se opuso al sobreseimiento definitivo de la exjueza Tania Carolina Irún Ayala, del proceso penal por presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en la zona de seguridad fronteriza, en el Chaco. El caso queda ahora a cargo de la Fiscalía General del Estado.