JUAN MANUEL FRUTOS (ex-Pastoreo). Lugareños del peaje de Tape Porã S.A., ubicado en el Km 200 de la Ruta PY02, en la zona denominada Cruce Pastoreo de esta ciudad, están afectados por el alto costo del peaje y exigen a la empresa concesionaria la liberación de los pagos. Aseguran que la mayoría trabajan en el distrito de J. Eulogio Estigarribia y que diariamente deben abonar un promedio de G. 100.000 a G. 150.000 para poder llegar a sus lugares de trabajo.
Basa Capital, del grupo Cartes, se convirtió en habitual colocador de los bonos de Tape Porã en el mercado bursátil. Esto para que la concesionaria de la ruta PY02 pueda invertir en mejoras de la mencionada carretera desde Caaguazú hasta Ciudad del Este. El caso ganó notoriedad tras las vinculaciones de la mencionada firma con el expresidente de la republica.
En un corto comunicado, Tape Porã negó ayer cualquier vínculo con Cartes, pero sus directivos se negaron a explicar la denuncia respecto al accionista mayoritario de la concesión de la ruta PY02, la empresa Conempa, que está asociada a Jiménez Gaona y Lima, firma que el ex presidente cedió a sus hijos tras ser declarado “significativamente corrupto”.
El candidato a senador por el Frente Guasu, Ricardo Canese, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) por una supuesta autoadjudicación de Tape Porã a Horacio Cartes durante su gestión como Presidente de la República. Indicó que este dato sale a flote tras las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra el actual titular del Partido Colorado.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de enero de 2023 comenzará a implementarse la segunda etapa de actualización de la tarifa básica del peaje en el tramo de la ruta PY02 concesionado a Tape Porã. En junio de este año ya se registró una suba de G. 1000 y ahora se aplicará otro reajuste de G. 1000 más.
El MOPC, en connivencia con vialeras, está queriendo concesionar unos 150 km de la ruta PY03, desde la Rotonda Puente Remanso hasta la Calle 6000, San Estanislao (San Pedro). Será con la misma ley con la que se privatizó parte de la ruta PY02 (exruta 7) a la empresa Tape Porã, que está explotando dicha vía desde 1998 y a la que ampliaron el plazo sin aprobación del Congreso.