tarifa de energía

Nueve organizaciones del ámbito civil advierten al presidente Santiago Peña que incurrirá en una “gravísima” violación de la Constitución y del Tratado de Itaipú al fijar una tarifa superior al costo del servicio de la entidad binacional.

El diputado opositor, Raúl Benítez, ha expresado su preocupación respecto a la tarifa de Itaipú, aún no oficializada por Paraguay pero ya divulgada por la prensa brasileña. Según él, se aguarda un comunicado oficial por parte del Gobierno al respecto. Además, hace un llamado al uso responsable de los recursos provenientes de Itaipú, ya que estos determinarán si constituirán una fortaleza o una condena para el país.

Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE, destacó que la tarifa que propone Brasil para Itaipú no traería beneficios para Paraguay. Sobre todo, resaltó que se debe llegar a un acuerdo operativo, que dejaría un aproximado de US$ 400 millones, fondo que debe ser destinado para sostener las obras que son necesarias para la empresa estatal de electricidad.

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, manifestó en la tarde de este martes durante una conferencia de prensa que existe un contacto permanente entre Paraguay y Brasil sobre las negociaciones en torno a la tarifa de Itaipú, que según medios del vecino país se pretende desbloquear proyectos eólicos y solares en el nordeste brasileño y reducir las tarifas para las distribuidoras de energía eléctrica.

En el complejo tablero de las relaciones entre Brasil y Paraguay, la definición de la tarifa para la energía generada por la hidroeléctrica de Itaipú se ha convertido en un tema crucial de las negociaciones bilaterales. Históricamente anclada en el principio de costo = tarifa, la metodología para determinar la tarifa ha derivado hacia una fórmula costo + margen = tarifa, apodada como “tarifa política” en los medios de prensa. Este cambio subraya la necesidad imperante de una revisión profunda, en la que Paraguay aspira maximizar sus ingresos a través de una tarifa más alta, mientras Brasil busca por mantener bajos los costos energéticos. El desafío radica en establecer una tarifa justa y realista, como parte de un proceso más amplio de reivindicaciones legítimas y postergadas.