QUITO. Un exdiputado de Ecuador fue condenado a 13 años de prisión por intentar manipular el sistema de judicial para obtener sentencias favorables. La acción se desprende del operativo “Metástasis”, descrito por la fiscal general Diana Salazar.
Si algo nos han enseñado tantos años lidiando con nuestros políticos, expertos en tráfico de influencias con intereses oscuros y direccionamientos amañados, es que, con ellos, toda sospecha es poca, por lo general nos quedamos cortos. La “aplanadora” oficialista en el Senado sorprendió en los últimos días de 2024 con la aprobación exprés de importantes modificaciones a la ley 5102/13, de Alianza Público-Privada (APP), con la introducción de una larga lista de flexibilizaciones, referidas, por ejemplo, al tamaño de los proyectos, los topes de participación estatal y, cuidado con esto, los porcentajes de “exposición fiscal”, así como una muy considerable ampliación de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo para hacer y autorizar cambios de esos valores. ¿Qué se traerán entre manos?.
El asistente fiscal Antonio Ramón Petters Paredes y el abogado Raúl Adriano Cardozo Benítez, deberán afrontar juicio oral y público, así lo dispuso el juez penal de garantías Humberto Otazúl. Según la acusación del fiscal Luis Piñánez, ambos habrían operado para cobrar G. 5.000.000 a una mujer, a fin de que su marido, denunciado por violencia familiar, no sea imputado.
El juez Humberto René Otazú Fernández resolvió desestimar la denuncia de presunto nepotismo contra Silvana Busto Adorno y Liliana Busto Fretes, parientes del diputado Domingo Adorno. Según el documento, no se encontraron evidencias que respalden las acusaciones de tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.
Una jueza de Paraguarí presentó esta mañana una denuncia en contra de Jorge Bogarín Alfonso y de Asdrúbal Fretes, además de otras personas, por supuesto tráfico de influencias y otros delitos, que la habrían procesado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para obligarla a fallar en un sentido en una causa a su cargo.
Un suboficial de policía denunció a otro efectivo policial por, supuestamente, haberle engañado al prometerle que le conseguiría su traslado a Alto Paraná, pese a haberle pagado ya la suma de G. 12 millones a cambio de ello. Ambos fueron imputados por el fiscal Giovanni Grisette por aparente tráfico de influencias.