30 de mayo de 2025
Para este martes estaba previsto el inicio del juicio oral, con relación a la pena, para el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann y el abogado Carmelo Caballero, declarados como culpables de tráfico de influencias en el primer juicio del caso “audios filtrados”. Sin embargo, las defensas apelaron la convocatoria alegando que existen recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia.
El diputado cartista Leonardo Saiz dio su versión sobre la denuncia por presunto tráfico de influencias que fue presentada en su contra por parte de una firma agropecuaria, cuyo abogado detalla que el legislador “recorre el país” mientras supuestamente utiliza su poder para maniobras judiciales. “Yo no tengo nada que ver”, aseguró. Por su parte, un abogado mencionado en la denuncia también dio su versión.
El senador Rafael Filizzola remarcó que tras la situación que saltó hoy, queda en evidencia el motivo por el cual tanto se aferraron a que Orlando Arévalo forme parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Señaló que todos los implicados en los chats de Lalo Gómez son agentes del crimen organizado y sostuvo que el país necesita una cirugía mayor para erradicar la podredumbre que la está afectando.
Si algo nos han enseñado tantos años lidiando con nuestros políticos, expertos en tráfico de influencias con intereses oscuros y direccionamientos amañados, es que, con ellos, toda sospecha es poca, por lo general nos quedamos cortos. La “aplanadora” oficialista en el Senado sorprendió en los últimos días de 2024 con la aprobación exprés de importantes modificaciones a la ley 5102/13, de Alianza Público-Privada (APP), con la introducción de una larga lista de flexibilizaciones, referidas, por ejemplo, al tamaño de los proyectos, los topes de participación estatal y, cuidado con esto, los porcentajes de “exposición fiscal”, así como una muy considerable ampliación de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo para hacer y autorizar cambios de esos valores. ¿Qué se traerán entre manos?.
El asistente fiscal Antonio Ramón Petters Paredes y el abogado Raúl Adriano Cardozo Benítez, deberán afrontar juicio oral y público, así lo dispuso el juez penal de garantías Humberto Otazúl. Según la acusación del fiscal Luis Piñánez, ambos habrían operado para cobrar G. 5.000.000 a una mujer, a fin de que su marido, denunciado por violencia familiar, no sea imputado.
El juez Humberto René Otazú Fernández resolvió desestimar la denuncia de presunto nepotismo contra Silvana Busto Adorno y Liliana Busto Fretes, parientes del diputado Domingo Adorno. Según el documento, no se encontraron evidencias que respalden las acusaciones de tráfico de influencias y cobro indebido de honorarios.