27 de octubre de 2025

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, que retornó de un viaje a Ginebra (Suiza), remitió finalmente esta mañana el proyecto de ley “de protección de datos personales”, cuestionado por atentar contra la transparencia. Con esto, el Senado ya está habilitado a tratar en su último trámite.


Por octava vez, la Cámara de Diputados incluyó para su tratamiento hoy en sesión ordinaria el proyecto de Ley de “protección de datos personales”, que atenta contra las leyes de transparencia. Su tratamiento efectivo una vez más dependerá del ánimo de la mayoría cartista, ya que figura en el punto 17 de 21 y entra a su último mes de tratamiento antes de la sanción ficta.

La Cámara de Diputados volvió a dilatar por una semana más el tratamiento del proyecto de ley de “protección de datos personales”, el cual arriesga de muerte a las leyes de transparencia y acceso a información pública. Viene siendo postergado hace más de un mes.
Como se sabe, uno de los temas tratados por la defenestrada senadora Norma Aquino (Yamy Nal) y el aún senador Javier Vera (Chaqueñito), ambos cartistas y tránsfugas de Cruzada Nacional, en sus álgidos diálogos a través de WhatsApp, fue el de la donación de ocho millones de dólares hecha por el Gobierno de Taiwán para restaurar el Palacio Legislativo. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), creyó oportuno anunciar que dicho órgano “no va a tocar ni un guaraní: va a pagar la embajada de Taiwán”. Además, pidió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que “sea garante y que se publiquen y se hagan las licitaciones como corresponde”. Paradójicamente, la DNCP aclara que no interviene en el proceso de las licitaciones que se produzcan con esta donación, por no encontrarse legalmente entre las regulaciones de su competencia. Por otra parte, llama la atención que el donativo en cuestión no haya sido tratado en el Congreso.

La Cámara de Diputados podría esta semana asestar un golpe doble en contra de la ciudadanía, al mandar “al muere” seis pedidos de intervención contra intendentes, a la par de, una vez más, tener en sus manos la posible sentencia de muerte de las leyes de transparencia y acceso a información pública (AIP). El proceso de impunidad en intervenciones se gestó durante más de un año.

Una vez más, la mayoría cartista en la Cámara de Diputados optó por mantener en vilo las leyes de transparencia y acceso a la información pública, al no tratar el proyecto de ley de “protección de datos personales en la República del Paraguay”. Dejaron sin quorum la sesión antes de su tratamiento.