29 de abril de 2025
Gracias a mociones de preferencia presentadas por algunos diputados opositores, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el próximo martes un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto general los fondos para “gastos sociales” asignados por las entidades binacionales, que hoy llegan a 670 millones de dólares en total, así como once pedidos de informes -también “cajoneados” por el cartismo- y diez proyectos de declaración. Una iniciativa referente a los gastos sociales financiados por Itaipú Binacional fue “cajoneada” en 2024 por el Senado, para que los aliados del Gobierno puedan emplear discrecionalmente elevadas sumas -como también lo hacían Gobiernos anteriores- sin rendir cuentas al Congreso ni a la Contraloría General de la República (CGR). Los directores generales y los consejeros paraguayos -los primeros nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado- no tienen la facultad de entregar recursos a organizaciones amigas para que hagan con ellos lo que quieran, convocar licitaciones fraudulentas o direccionarlas en el marco de una campaña electoral, entre otras frecuentes corruptelas.
La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General del Estado emitió un informe en el que da a conocer la cantidad de solicitudes ingresadas y los trámites de las mismas, asegurando haber cumplido con todos los requerimientos.
CIUDAD DEL ESTE. Diez municipalidades de Alto Paraná aparecen en la lista entes manejados con débil cumplimiento de las exigencias de transparencia contempladas en la Ley 5189/2014, según un informe del Viceministerio de Talento Humano y Gestión Organizacional.
El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) manifestó preocupación por la eliminación de portal de datos abiertos de la DNIT, sobre información relevante para el comercio internacional. Consideran un retroceso en el camino hacia una mayor transparencia.
El presidente Santiago Peña afirmó que su compromiso personal es fomentar la transparencia y el acceso a la información pública para consolidar la democracia, en el marco de un foro internacional. También comentó que están trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para resguardo de datos personales.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) abonó G. 86 millones a un viceministro, en concepto de participación de multas. Este pago, conocido como “repartija de multas” -que la ciudadanía llegó a cuestionar en otros entes como Tributación-, ni siquiera es un dato transparente en MIC. La cartera dice que no está obligada a publicarlo.