transparencia

La Cámara de Diputados, por segunda semana consecutiva, quedó sin quórum antes del tratamiento del proyecto de ley de “protección de Datos Personales en la República del Paraguay”, lo que a su vez implica que se mantengan en vilo y con riesgo de muerte las leyes de transparencia y de Acceso a Información Pública (AIP).

La Cámara de Diputados analizará hoy las modificaciones introducidas en el Senado a la polémica ley de Protección de Datos Personales. La iniciativa fue desvirtuada de su objetivo original y usada por el cartismo para “matar” con burocracia la ley de acceso a la información pública. Varias comisiones recomendaron aceptar las modificaciones de los senadores.

Paraguay también enfrenta importantes limitaciones en sus capacidades de gestión pública, lo que incide en la eficiencia y efectividad de sus políticas. Conforme con datos recabados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que pudieron sufrir leves variaciones sin representar cambios significativos, en el pilar de instituciones del último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial ocupaba el puesto 115 entre 141 economías.

Gracias a mociones de preferencia presentadas por algunos diputados opositores, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el próximo martes un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto general los fondos para “gastos sociales” asignados por las entidades binacionales, que hoy llegan a 670 millones de dólares en total, así como once pedidos de informes -también “cajoneados” por el cartismo- y diez proyectos de declaración. Una iniciativa referente a los gastos sociales financiados por Itaipú Binacional fue “cajoneada” en 2024 por el Senado, para que los aliados del Gobierno puedan emplear discrecionalmente elevadas sumas -como también lo hacían Gobiernos anteriores- sin rendir cuentas al Congreso ni a la Contraloría General de la República (CGR). Los directores generales y los consejeros paraguayos -los primeros nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado- no tienen la facultad de entregar recursos a organizaciones amigas para que hagan con ellos lo que quieran, convocar licitaciones fraudulentas o direccionarlas en el marco de una campaña electoral, entre otras frecuentes corruptelas.

La Cámara de Diputados volvió a incluir en el orden del día de la sesión del próximo martes 29 varios proyectos de ley y pedidos de informes cajoneados por el cartismo debido a que les causaban urticaria, pese a que simplemente buscaban transparentar el manejo de dinero público. El principal es el proyecto es uno que busca que el dinero de los gastos sociales de las binacionales -que rondan los US$ 670 millones anuales- ya no sean usados como “cheque en blanco” por parte del Gobierno.