5 de julio de 2025
Por si aún hiciera falta, en estos días de intenso frío se está volviendo a notar la impiedad de los miembros del Centro de Transportistas del Área Metropolitana (Cetrapam), que someten a los usuarios a largas esperas antes de abordar unos ómnibus repletos y en mal estado. El Gobierno también tiene su gran cuota de responsabilidad en este drama. A los primeros, que el año anterior recibieron 347.408 millones de guaraníes en concepto de subsidios, no les importa que sus clientes deban aguardar a la intemperie, con el riesgo de incumplir sus respectivos horarios de trabajo ni que una ley penalice como “coacción y perturbación de servicios públicos” el hecho de que se amenace o extorsione a órganos estatales “por cualquier medio”. Una de esas vías ilícitas es la infame “regulada” impune.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, está negociando –se supone que en nombre del Gobierno nacional– con Cetrapam bajo la amenaza de un cercano paro, si las exigencias de sus desalmados miembros no son satisfechas. Ellas consisten en la renovación por siete años de los permisos vencidos, sin licitación pública, y el aumento del 8 al 14% del margen de ganancia asegurada. Es habitual que estos “empresarios” practiquen el chantaje indirecto, tomando a los usuarios como rehenes mediante las indignantes “reguladas” impunes. El viceministro volverá a reunirse hoy con quienes ejercen una amenaza parecida a un revólver apuntado a su cabeza.
El Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), liderado por César Ruiz Díaz, sigue con la amenaza de paro desde el 11 de junio próximo, luego de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) haya suspendido la medida anunciada por 22 días. Este aplazamiento se concretó el 17 de mayo último, pero a una semana de la “tregua” no se vislumbra un posible acuerdo del Gobierno con los empresarios del gremio citado, que maneja el 75% del transporte público de pasajeros. Mientras tanto, los usuarios son los que más están sufriendo por las reguladas.
El exdiputado liberal Celso Maldonado aparece como accionista de La Limpeña SRL (líneas 49 y 220), empresa de transporte que integra Cetrapam. Este transportista declaró en julio del año pasado, cuando dejó su curul, que sus ganancias en el servicio de transporte público eran de G. 600 millones por mes. Lo contradictorio es que el vocero de ese gremio, César Ruiz Díaz, repite hace años que los empresarios trabajan a “pérdida”. Los agremiados a Cetrapam se llevaron más de US$ 33 millones en subsidios en los últimos 16 meses.
Los miembros del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) ostentan una vida privilegiada, muy lejos de la realidad que soporta la ciudadanía, cada día, con el pésimo servicio que ofrecen como transporte público. En los últimos 16 meses, los 25 empresarios que conforman este gremio recibieron del Estado paraguayo la suma de G. 247.814 millones, que en dólares representan unos 33,4 millones como subsidio. Hoy se prevé una nueva reunión con autoridades para ver si se desactiva el paro previsto para el próximo 20 de mayo.
El abogado Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), quien hoy presentó denuncia contra Cetrapam por ilegalidad del paro, dijo que reconocen que el paro está consagrado como derecho, pero califican las circunstancias en que se da como ilegítimas. Dicen que las razones están basadas “en premisas falsas y tiene como objetivo el lucro desmedido de la Cetrapam”.