Tratado de Itaipú

Han pasado tres semanas desde que, de manera insólita, la administración de Santiago Peña suspendió unilateralmente las negociaciones para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, “hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del Gobierno de la República del Paraguay” sobre el caso de espionaje digital que, según el comunicado de la Cancillería, ocurrió “entre junio de 2022 y marzo de 2023″; es decir, entre la última etapa del período de Jair Bolsonaro y el inicio del mandato de Lula da Silva. Ni Brasil ha dado las aclaraciones solicitadas ni, que se sepa, el Gobierno paraguayo ha hecho las investigaciones que anunció. Lo único concreto es que la renegociación sigue suspendida, para beneficio del Brasil y detrimento del Paraguay. El Anexo C del Tratado de Itaipú, que regula las “bases financieras y de prestación de servicios de electricidad” de la central, establece en su apartado II.5 que cuando una entidad (ANDE o Eletrobras, ahora ENBpar) “decide” no utilizar la parte de la energía que le corresponde, “podrá autorizar a Itaipú” a “ceder” a “las otras entidades” la parte disponible. Esta disposición constituye la gran trampa del Tratado de Itaipú contra el Paraguay, mediante la cual Brasil históricamente se ha quedado a precio vil con la parte paraguaya del gran potencial energético del río Paraná por diferencia de altura entre los saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú, un valiosísimo recurso natural supuestamente compartido en proporciones iguales.

Recuerdo haber escrito a fines del 2021 un artículo homónimo (1), que invito al lector sapiens a rememorarlo, ya que señalaba diciendo que “no siempre lo legal es lo ju$to, y no siempre lo ju$to es legal”. Allí afirmaba que, aunque muchos creen que el problema de Itaipú (IB) es solo un tema de tarifas y/o negocia$iones, en realidad el tema es mucho más profundo.

El Gobierno informó a través de un comunicado que ha dado unilateralmente por suspendidas las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú “hasta tanto se brinden las aclaraciones correspondientes” en relación con “la acción de inteligencia contra el Paraguay entre junio de 2022 y marzo de 2023″. Cabe preguntarse si son o se hacen. Cualquier suspensión le conviene a Brasil, no a Paraguay. Salvo que se confirmen las inquietantes sospechas de que dichas negociaciones están encaminadas para mantener en lo esencial el statu quo a cambio de pequeñas concesiones, le están sirviendo en bandeja otro pretexto para seguir postergando una revisión clave para nuestro país.

Dentro de 28 días, el Paraguay -en rigor algunos paraguayos, no todos- recordarán el 52º aniversario de la firma del Tratado de Itaipú para retornar, inmediatamente después, sin mucho esfuerzo, a sus ritos cotidianos.

El Tratado de Itaipú se mantuvo en estricto secreto hasta casi el día de su firma, el 26 de abril de 1973. Nuestro diario, que había acompañado a la delegación a Brasilia y que venía desde hacía tiempo solicitando insistente e infructuosamente una copia, solo pudo acceder al texto menos de 24 horas antes, lo que obligó a leerlo a las apuradas para hacer las primeras reflexiones, sin posibilidad de análisis profundo ni crítica previa. Más de medio siglo después se repite la triste historia. El embajador brasileño, José Antonio Marcondes, declaró que está próximo un acuerdo sobre el Anexo C, y la opinión pública paraguaya no tiene la más mínima idea de cuáles son los términos de esta revisión clave para los intereses y el futuro del país.