El arquitecto urbanista Gonzalo Garay consideró que la venta de terrenos de la Costanera “no es un mal negocio para el sector público”, pero es necesario tener en cuenta varios factores, como una buena gestión y alta seguridad jurídica para el sector privado. Además, se requiere “mejorar el entorno”, para que el sector privado encuentre el beneficio y el sector público se quede con la plusvalía urbana.
Una resolución firmada por Justo Cárdenas, presidente del Indert, confirma que existen maniobras sobre tierras del Chaco. A través del documento, Cárdenas despoja a propietarios que acordaron pagar G. 475.000 la hectárea por sus lotes y, al mismo tiempo, se allana en un juicio en el que terceros piden las mismas tierras por G. 30.000/ha.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, se limitó a decir que “ABC miente una vez más”, en lugar de responder a las denuncias de compatriotas del Chaco sobre una aparente maniobra para despojarles de sus propiedades. Ellos aseguran que quieren pagar G. 24.000 millones al ente, pero este no hace las gestiones necesarias para cobrar la suma.
El juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor resolvió que el extittular del Indert Luis Ortigoza enfrente juicio oral y público por estafa que enfrenta por la venta irregular de tierras de la reserva del Mbaracayú, que sería propiedad de Itaipú.
Los precios de tierras fijados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para ocupantes de una localidad de Itapúa no están acordes con la realidad económica y social de las familias. Así lo indicaron en una visita a nuestra redacción Isabelino Penayo y Dionicio Silva, presidente y secretario de la comisión vecinal del asentamiento Palmital, distrito de Carlos Antonio López.
La Contraloría General de la República remitió a la Fiscalía General del Estado documentación sobre indicios de hechos punibles cometidos presuntamente por funcionarios del Indert en la venta de 4.000 hectáreas de tierra en la Región Occidental, entre 2008 y 2009. El monto del perjuicio patrimonial determinado por el órgano contralor es de G. 921.474.288.