La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) lamenta que el juez penal de Caaguazú, Abog. Ángel Rafael Baranda, haya beneficiado a un imputado por portación ilegal de armas de fuego (una de ellas usada por francotiradores) en el distrito caaguaceño de Tembiaporã. El gremio anuncia un “tractorazo” para repudiar esa acción de la Justicia y para exigir seguridad en el campo.
Las pérdidas de vidas humanas ocurridas en los últimos días en Santa Lucía y Minga Porã, de Alto Paraná, enlutaron al sector productivo, declaró el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Lic. José Berea.
A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) repudió ayer los hechos de violencia que se registraron recientemente en el departamento de Alto Paraná, específicamente el asesinato de dos colonos en un corto lapso de tiempo. “Reiteramos un llamado a todo el sector rural para continuar la búsqueda de la paz social, como condición ineludible para acelerar el desarrollo socioeconómico de las familias campesinas”, señala la misiva.
Ante el asesinato de dos trabajadores de campo en eventos diferentes, sucedido en Santa Lucía y Minga Porã, ambas zonas del departamento de Alto Paraná, la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay (APS), presidida por Karsten Friedrichsen, emitió ayer un comunicado de repudio.
Unos 400 miembros de la Coordinadora Agrícola del Paraguay protestaron ayer contra la inseguridad en las zonas de producción. Responsabilizaron del asesinato de dos agricultores al presidente del Indert, Justo Cárdenas, y a los parlamentarios Wagner, Lugo y otros.