14 de septiembre de 2025
Cynthia Leite, representante de la empresa coreana Miru Systems que ofreció vender máquinas de votación, formó parte del equipo de transición de Santiago Peña. La empresa fue descalificada por fallas técnicas semanas atrás. Tras protestas, Contrataciones Públicas presionó al TSJE, bajo sospechosa legalidad, para que realizara la evaluación técnica nuevamente. Sin embargo, el proceso fue cancelado.
La explicación que ha estado dando el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre la asombrosa suspensión de la licitación para la compra de máquinas de votación esenciales para nuestro sistema de listas cerradas desbloqueadas es completamente increíble e insatisfactoria.
El senador Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, sostuvo que la anulación de la licitación de máquinas de votación era necesaria por irregularidades técnicas y costos. El parlamentario defendió el arrendamiento como alternativa más conveniente, aunque aclaró que se debe separar el software de los equipos para garantizar soberanía y control.
Según afirmó el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, la cancelación de la licitación para adquirir las máquinas de votación se dio por un dictamen que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió para que la institución reevalué a una empresa coreana que, según denunció el diputado Mauricio Espínola, tendría relación con la empresa Itti, perteneciente a Ueno Holding, de la que el presidente Santiago Peña fue accionista estando en funciones.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sorprendió este viernes al anunciar la cancelación de la licitación de máquinas de votación, luego de defender en reiteradas ocasiones el proceso. ¿Qué llevó a tomar esta decisión? Esto argumentaron en un comunicado.
La senadora Lilian Samaniego, durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, antes de que finalmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) comunicara la suspensión de la licitación de adquisición de máquinas de votación, aseguró que fue víctima de robo de sus votos en las elecciones internas del 2007, por lo que insistió en el argumento de que el código fuente de las máquinas de votación deben ser de libre acceso.