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“ Estoy viendo (el tema de) las armas de plástico 3D que se venden al público. Ya he hablado con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), ¡no parece tener mucho sentido! ” , expresó Trump en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles, a un día de que esta actividad se convierta en legal en EE.UU.
La organización Defense Distributed, con sede en Texas (EE.UU.) , anunció sus planes de volver a publicar en su web el 1 de agosto manuales de instrucciones para pistolas y rifles impresos en 3D después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal en junio.
Esa fue la conclusión de una batalla legal de cinco años en la que el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017) argumentó que los manuales para hacer esas impresiones en tres dimensiones violaban las leyes de exportación de armas de fuego ante dos jueces federales y de que el Tribunal Supremo se negara a oír el caso.
Sin embargo, en una decisión abrupta, el Gobierno de Trump llegó a un acuerdo en junio con Defense Distributed para permitir a ese grupo texano volver a distribuir las instrucciones de impresión de armas 3D a través de internet a partir de mañana, 1 de agosto.
Además, estableció que estos tutoriales de impresión están aprobados “para su publicación de cualquier forma” y que el Gobierno estadounidense pagará 40.000 dólares para cubrir los honorarios legales de Cody Wilson, el fundador del grupo en el centro de la polémica.
LLEGAN DEMANDAS
Una coalición de ocho estados y el Distrito de Columbia (EE.UU.) demandaron a la Administración del presidente Donald Trump por haber llegado a un acuerdo judicial que permitirá la impresión de armas en 3D a partir del 1 de agosto.
Esta demanda pretende “ bloquear la acción de la Administración Trump que da acceso a delincuentes y terroristas a armas impresas en 3D, imposibles de rastrear e indetectables ” , según un comunicado del fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, que lidera la querella.
“Estas pistolas descargables no están registradas y son muy difíciles de detectar, incluso con detectores de metales, y estarán disponibles para cualquier persona independientemente de su edad, estado mental o antecedentes penales ” , criticó Ferguson.
Además de los fiscales del estado de Washington y del Distrito de Columbia, los de Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregón, Maryland y Nueva York también firmaron la demanda. En su escrito, el grupo de fiscales instó a la Justicia estadounidense a que considere una orden de restricción temporal antes del 1 de agosto, cuando Defense Distributed ha anunciado que publicará sus archivos en línea.
Numerosas organizaciones en contra de las armas han expresado su preocupación en las últimas semanas y han asegurado que facilita a los criminales tener acceso a armas “ difíciles de rastrear, sin regular e indetectables ” .