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Finalmente, el Viceministerio de Transporte (VMT), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), socializó en la página web de la institución el borrador del proyecto de ley con el cual se busca reformar el sistema de transporte público de pasajeros, al que denominaron “el bus que viene”.
De acuerdo con el texto, el Estado asumirá toda la inversión necesaria en el corto y largo plazos para hacer factible el nuevo sistema, desde la compra de buses, la provisión de infraestructuras como carriles exclusivos y estaciones (paradas), hasta el pago de subvenciones a las empresas que operen los colectivos, las cuales podrán ser concesionarias, licitación mediante, o permisionarias, figura reglada por la Ley N° 6710/2021 “Que autoriza la operación y habilitación excepcional y temporal de vehículos especiales para la prestación del servicio de transporte”.
En este sentido, el plan normativo prevé varios componentes: a) provisión de flota, que consistirá en el suministro de los buses; b) provisión de infraestructura, como estaciones y terminales; c) operación en unidades funcionales, que son las troncales que serán explotadas por empresas privadas; y d) servicios complementarios necesarios para la operación, como servicios tecnológicos de recaudación.
Prestadores para cada componente
Cada componente tendrá prestadores y podrá licitarse públicamente de manera separada o combinada, según determine el VMT, previo dictamen de factibilidad financiera por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se lee en el escrito que está en etapa de consulta pública hasta el 31 de enero del próximo año y que luego se remitirá al Congreso para su tratamiento.
Respecto a las unidades funcionales, que son los principales itinerarios que tendrá el sistema, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, adelantó ayer en entrevista con este diario que cada una podrá ser operada por una sola empresa.
Al respecto, mencionó que la intención es reducir la cantidad de líneas, de 36 que operan actualmente a 10 empresas, pero mejorando el servicio. Explicó que en total se tendrán cinco unidades funcionales (norte, este, noreste, sureste, sur) con sus respectivos alimentadores (ver imagen).
¿Cómo se financiará el nuevo sistema del transporte público?
El proyecto de ley prevé la creación de un “Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros”, que tendrá a su cargo la administración de los recursos para el financiamiento del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.
De este fideicomiso saldrán los pagos a los diferentes operadores, prestadores del billetaje y todas las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables a los que se obligará el Estado.
Fernández explicó que el flujo de fondos necesarios del fideicomiso, para poder cubrir las inversiones necesarias en los próximos cinco años, sería de US$ 250 millones, pero no supo precisar qué porcentaje de estos recursos podrá cubrirse con el pago del pasaje por parte de los usuarios.
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Este fideicomiso se fondeará de los ingresos generados por el pago del pasaje de los usuarios a través del billetaje electrónico (que con el actual sistema va a las cuentas de las operadoras del billetaje, que a su vez transfieren posteriormente a las líneas de transporte), los recursos del Fondo de Promoción del Transporte Eléctrico, previsto en el artículo 8° de la Ley N° 6925 “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en Paraguay” (proveniente del 10% de lo recaudado del impuesto selectivo al consumo a la nafta 95 octanos, nafta de aviación y gasoil) y las multas aplicadas a las empresas prestadoras de servicio de billetaje electrónico.
También los recursos provendrán de los créditos programados dentro del presupuesto del MOPC y otros recursos que este ministerio decida asignar, como recursos provenientes de las operaciones de crédito público, donaciones y aportes que realicen organismos y entidades del Estado y las municipalidades; entre otras fuentes de financiamiento debidamente autorizadas.
AFD administrará el fondo y pasaje dependerá del MEF y MOPC
Este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en carácter de fiduciario, en el marco de la Ley N° 921/96 “De Negocios Fiduciarios”, en un patrimonio separado del propio.
Entre otras cosas, el proyecto de ley establece que el transporte público es un servicio público imprescindible y, como tal, se debe garantizar su prestación continua y regular. “Las interrupciones totales o parciales del servicio serán sancionadas como infracciones graves”, destaca el borrador.
Respecto a la tarifa del pasaje a los usuarios, el plan normativo establece que el Poder Ejecutivo, a instancia del MOPC y el MEF, en forma conjunta, establecerá las políticas tarifarias a las que deberán ajustarse el Viceministerio de Transporte. En este sentido, se busca la integración tarifaria, que permitirá a los usuarios hacer varios itinerarios con un solo pasaje.