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Tras la socialización del borrador del proyecto de ley que busca reformar el sistema de transporte público de pasajeros en Asunción y el área metropolitana, denominado “el bus que viene”, se pudo conocer que el Estado pretende separar los contratos de los “activos estratégicos del sistema”. Estos activos serán gestionados por diferentes empresas, las cuales deberán recibir compensaciones por su labor.
Los activos que serán administrados por distintas empresas incluyen: la operación de los itinerarios (unidades funcionales), la provisión de la flota de buses, la infraestructura para estaciones y terminales, así como los servicios complementarios necesarios para la operación, como los tecnológicos de recaudación (billetaje).
Cada prestador deberá recibir sus remuneraciones correspondientes, que está previsto en el artículo 90 del borrador del plan normativo. Para estos desembolsos, se creará un fideicomiso en el que el Estado depositará, con un año de antelación, los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de las empresas adjudicadas.
“Las remuneraciones a los prestadores podrán basarse en diversos conceptos: cantidad de pasajeros transportados, kilometraje recorrido, cantidad de flota, área y prestaciones de los patios (terminales), disponibilidad de tecnología, entre otros, o la combinación de estos factores”, señala el borrador.
El texto también menciona que, en particular, la remuneración de la operación de las unidades funcionales, es decir, de los itinerarios, podrá estar sujeta adicionalmente a niveles de servicio e indicadores de desempeño, como la frecuencia programada y la regularidad, entre otros.
Modelo en otros países, según el viceministro
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que el modelo de tener diferentes contratos para cada “activo estratégico” del sistema de transporte público ya se implementa en otros países.
“El bus es un activo estratégico del sistema, lo mismo que el itinerario y los patios donde se guardan. Es decir, el sistema de transporte necesita buses, un itinerario definido y un lugar para estacionarlos. Estos son los activos estratégicos del sistema y lo que estamos haciendo es convertir cada uno de estos activos en una unidad de negocio con su propia especialización”, explicó, aclarando que diferentes empresas se encargarán de cada unidad de negocio.
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En este sentido, indicó que, por ejemplo, una empresa que provea la flota de buses no necesariamente operará estos colectivos en los itinerarios, ya que otra empresa especializada se encargará de la operación.
Remuneraciones ajustadas al índice de precios al consumidor
Por otro lado, el artículo 91 establece que las remuneraciones a los prestadores serán ajustadas según índices polinómicos de variación de precios que se definirán en los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones, o, en el caso de permisos temporales, en el proceso de entrega del título habilitante.
“Estos índices estarán basados en factores económicos relevantes que incidan en la sostenibilidad financiera del servicio. Los índices específicos deberán reflejar, según el componente remunerado, las condiciones del mercado y la estructura de costos operativos”, se lee en el documento, que se encuentra en etapa de consulta pública hasta el 31 de enero del próximo año, antes de ser remitido al Congreso para su tratamiento.
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Como se mencionó, el pago de las remuneraciones a las diferentes empresas saldrá del “Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros”, el cual administrará los recursos depositados por el Estado.
De este fideicomiso se financiarán los pagos a los operadores, prestadores del billetaje y todas las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables a los que se obligue el Estado. Según el Viceministerio de Transporte, el flujo de fondos necesario para cubrir las inversiones sería de US$ 250 millones en los próximos cinco años. Sin embargo, no se precisó qué porcentaje de estos recursos podrá ser cubierto con el pago del pasaje por parte de los usuarios, que solo cubriría una mínima parte de la inversión.
Este fideicomiso se financiará con los ingresos generados por el pago del pasaje de los usuarios, a través del billetaje electrónico, y los recursos estatales necesarios para hacer viable el plan.