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El Decreto N° 3248 por el cual reglamenta la Ley N° 7408/2024, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2025, establece las normas y los procedimientos para la ejecución de los gastos, modificaciones presupuestarias, control y evaluación, entre otros trámites.
La ley de presupuesto en su artículo 50 autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizar la adecuación del anexo de personal y la programación de montos resultantes de las modificaciones aprobada en el segundo semestre de 2024 y no incorporadas en el presupuesto 2025.
El decreto de reglamentación, por su parte, autoriza al MEF la modificación en la estimación de los ingresos de la administración central (Presidencia de la República y Contraloría General de República), dentro del presupuesto 2025 de las citadas entidades, por el monto de G. 4.974 millones.
Se autoriza igualmente la transferencia de créditos presupuestarios y el traslado de cargos del anexo de remuneraciones del personal de la Presidencia de la República (Secretaría Nacional Anticorrupción) a la Contraloría General de República por el referido monto.
Ley de prevención de la corrupción
Conforme a la nueva Ley N° 7389/24, “que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”, la Senac pasa a forma parte de la Contraloría General.
La Contraloría tiene asignado este año un presupuesto total de G. 185.399 millones (US$ 24,4 millones al cambio presupuestado), lo que representa un aumento de 12% con respecto a lo registrado el año pasado.
El organismo de control también dispone de 988 cargos de funcionarios permanentes, que implica la creación de 13 nuevos cargos para el presente ejercicio con respecto al ejercicio anterior.
De acuerdo con los datos manejados, la Senac contaba con 17 cargos que se sumarán a la Contraloría, de acuerdo a lo establecido en la cuestionada nueva ley, que según parlamentarios de la oposición y colorados no oficialistas existe el riesgo de injerencia del Ejecutivo en la entidad.