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La publicación de Folha de S. Paulo arranca explicando que, como la empresa binacional Itaipú no tiene fines lucrativos, todos los ingresos por la venta de energía a los consumidores eléctricos brasileños y paraguayos se devuelven a ambos países de la siguiente forma: a) transferencia de energía (actualmente, alrededor del 70% a Brasil y el 30% a Paraguay); b) pago de regalías en partes iguales a favor de ambos países por el uso del recurso natural compartido (potencial hidráulico); c) inversiones socioambientales en ambos lados de la frontera.
Posteriormente, señala que el Tratado de Itaipú determina que el precio unitario de la energía se calcule para cubrir estos costos, incluidos los costos operacionales asociados a la producción y transferencia de energía.
Indica que antes también era necesario pagar la amortización y retribución de la inversión inicial realizada para construir la planta. Pero que la deuda se pagó en su totalidad en 2023, lo que abría espacio para reducir los costos energéticos. “Esto no ocurrió porque, a partir de 2022, los dos países comenzaron a negociar la tarifa de Itaipú para cubrir costos de iniciativas socioambientales desvinculadas de la misión institucional de la empresa, lo que impidió la reducción de la tarifa”, sostiene.
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Detalla que según las normas del tratado, los ingresos en 2024 deberían haber sido de 1.600 millones de dólares. Corresponde a un costo unitario promedio de US$ 24/MWH (o R$ 144/MWH al tipo de cambio de R$ 6), valor ligeramente inferior al precio promedio de venta de energía de plantas nacionales en contratos de largo plazo. “En otras palabras, la energía de Itaipú podría haber sido barata para el consumidor brasileño. Pero no fue así”, apunta.
Debido a las negociaciones anuales iniciadas en 2022, brasileños y paraguayos desembolsaron en 2024 a favor de Itaipú, respectivamente, US$ 2,5 mil millones y US$ 0,6 mil millones, totalizando un ingreso de US$ 3,1 mil millones. Es decir, casi el doble de lo que podría haber sido”, indica.
En este punto, menciona que “los US$ 1.500 millones cobrados de más de lo estipulado en el tratado se aplicaron a una avalancha de mejoras socioambientales realizadas por montos iguales en ambos países, pero los brasileños pagaron el 80% del costo”.
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Añaden -”en otras palabras, los brasileños pagaron US$ 1.200 millones más para recibir mejoras por valor de US$ 750 millones, una pérdida de US$ 450 millones”. Mientras que -siguen diciendo- “Los paraguayos pagaron US$ 300 millones más para recibir mejoras también por US$ 750 millones, lo que representa una ganancia de US$ 450 millones”.
En esta misma línea, cabe recordar que el entonces director financiero paraguayo de Itaipú, Fabián Domínguez, en una entrevista concedida en noviembre de 2020, había señalado que como Brasil retira más energía de Itaipú, por una cuestión de infraestructura, “eso significa que todo el dinero que entra a Itaipú es más proveído por Brasil que por Paraguay”.
En ese marco, Domínguez agregó que se puede decir “con claridad meridiana que todas las obras de infraestructura que se hacen en Paraguay son pagadas 88% por Brasil y 12%, por Paraguay”. Fue en referencia a los gastos socioambientales que realiza la binacional en el país en base a la tarifa de Itaipú, cuya cifra había sido aprobada recientemente para el 2021 por el Consejo de Administración en US$ 22,6 por kW/mes.
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Sobra la “incapacidad de negociar del Brasil”
El artículo de referencia pregunta “¿Qué explica esta aparente incapacidad de Brasil para negociar?” Y se contesta que “en primer lugar, los gobiernos paraguayos han sido competentes tanto al establecer negociaciones que ni siquiera deberían haberse iniciado como al nombrar negociadores que conocen los matices del tratado y pueden hacer los cálculos”.
En segundo lugar, agrega que como la mayor parte de las mejoras socioambientales en Brasil se realizan en Paraná y, en menor medida, en Mato Grosso do Sul, hay una movilización de la fuerza política de esos estados para controlar la parte brasileña de la gobernanza de la empresa binacional con una perspectiva regional, no nacional.
Y, en tercer lugar, habla de la flexibilidad presupuestaria de Itaipú. Explica que esta flexibilidad abre espacio para que la administración federal destine recursos a costos e inversiones que deberían estar incluidos en el Presupuesto Federal, pero que no están contemplados y ni siquiera son monitoreados por el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión). “Es el caso, por ejemplo, del apoyo a la COP30, en Belém”, cuestiona.
