El 9 de mayo de 2024, los gobiernos de Paraguay y Brasil sellaron un acuerdo clave: fijaron una tarifa de US$ 19,28 por kW/mes por la potencia de Itaipú hasta 2026. Este monto garantizaba a Paraguay ingresos anuales por US$ 1.250 millones, de los cuales US$ 650,9 millones se destinarían a inversión social, según anunció el presidente Santiago Peña en su mensaje a la nación en aquella ocasión.
Sin embargo, un año después, el pacto tambalea. El ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, advirtió que la tarifa podría ser revisada al no concluirse las negociaciones del Anexo C, fijadas para cerrar el 30 de mayo último, plazo que no se cumplió, según se lee en publicaciones periodísticas del vecino país.
De acuerdo a esas versiones, Brasil acusa a Paraguay de frenar el proceso y amenaza con retroceder al valor anterior de US$ 16,19 por kW/mes, lo que reduciría significativamente los recursos disponibles para programas sociales en Paraguay.
La advertencia brasileña llega en un contexto de alta sensibilidad: el proceso de revisión fue suspendido por el gobierno de Santiago Peña a inicios de abril tras revelaciones sobre espionaje de la inteligencia brasileña a negociadores paraguayos.
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Aunque Brasil reconoció los hechos y culpó a la administración anterior a cargo de Jair Bolsonaro, la confianza entre las partes se erosionó gravemente. Esto generó que la Cancillería Nacional solicitara al Brasil la información sobre el alcance y el detalle de las acciones de la Agencia de Inteligencia del Brasil (ABIN) en contra del gobierno del Paraguay, algo que hasta la fecha no fue remitido.
El acuerdo tarifario no solo permitió estabilidad financiera para Itaipú, sino que también fue la base para un presupuesto trianual de US$ 1.950 millones en gastos socioambientales tanto para el lado paraguayo como para el lado brasileño. Este presupuesto, aprobado por el Consejo de Administración de Itaipú, garantizaba la disponibilidad de recursos acumulativos hasta 2026.
Si la tarifa cae, la base de cálculo de ese presupuesto también se verá afectada. Hasta ahora, los fondos sociales sostienen proyectos considerados estratégicos por el gobierno de Peña.
El mandatario prometió la construcción de hospitales, modernización del transporte público e inversiones históricas en energía y caminos. Todo este plan depende de mantener intacto el flujo de US$ 650 millones anuales provenientes de Itaipú.
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La situación se vuelve aún más delicada si se considera que la ejecución de estos fondos en 2024 fue baja debido a la tardía entrada en vigor del acuerdo. No obstante, desde Itaipú aseguraron que los recursos no utilizados serían trasladados a los años siguientes, conforme a las reglas del presupuesto trianual. Una reducción de la tarifa podría dejar sin efecto este esquema financiero.
Mientras tanto, uno de los negociadores paraguayos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, asegura que Paraguay necesita las explicaciones oficiales correspondientes para volver a la mesa de negociación y que el gobierno está listo para cerrar la revisión del Anexo C cuando esto ocurra.