En su informe de gestión, el Presidente de la República, Santiago Peña, se jactó de crecimiento en el ámbito económico, pero el listado de áreas que siguen con reformas pendientes ponen en duda la veracidad de lo afirmado, más allá del mero discurso.
Caja Fiscal
Destacó el impulso de leyes “que buscan el bien común”, y citó la ley del Registro Unificado Nacional, del Servicio Civil, de Organización Administrativa del Estado, de CONAJZAR, modernización de la Ley de APP y modernización de la Ley de MIPYMES, entre otras.
El presidente de la República destacó las reformas que realizó en sus dos primeros años de gobierno, pero obvió mencionar que hasta ahora una de las principales sigue esperando la decisión política, como es el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.
La Caja Fiscal del sector público registra déficit global y creciente desde el año 2015, cuando la pérdida alcanzó un total de 70.161 millones (US$ 8,9 millones al cambio vigente).
A mayo del presente ejercicio, sin embargo, el saldo rojo acumulado asciende a más de G. 1 billón (US$ 129,4 millones al cambio vigente), lo que representa que un 43% se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes.
Según los datos oficiales, el Tesoro Público ya inyectó subsidio por más de US$ 1.300 millones para cubrir el déficit y pagar normalmente los haberes a los jubilados.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe emitido el viernes 27 de junio, como parte de las conclusiones de la revisión de los acuerdos que tiene con el país, volvió a insistir en que abordar la sostenibilidad del fondo de pensiones de los empleados públicos es esencial para mitigar los riesgos fiscales a mediano plazo.
El gobierno de Peña, por su parte, sigue sin dar señales de que planteará la reforma.
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Superintendencia de Jubilaciones
Peña citó como una de las reformas encaradas, la Ley N° 7235/2023 que “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.
La citada ley, sin embargo, fue aprobada y promulgada en tres días, pero continúa sin ser implementada, mientras muchas de las cajas de jubilaciones que deberían ser supervisadas por la nueva entidad, registran problemas financieros.
La referida ley que crea el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones fue aprobada por la Cámara de Senadores el 12 de diciembre de 2023, el 13 de diciembre fue sancionada por la Cámara de Diputados y el 14 de diciembre fue promulgada por el presidente de la República, Santiago Peña, a pesar de la fuerte oposición de los trabajadores y jubilados.
A un año y seis meses de su promulgación el Consejo de Seguridad Social no está conformado totalmente y, por lo tanto, no puede reunirse para conformar la terna de candidatos para la superintendencia, que es la instancia que realizará los controles a las diferentes cajas de jubilaciones, tanto del sector público como privado.
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Se jactó de la deuda pública
Peña mencionó la emisión de bonos en guaraníes, pero no hizo mención a la deuda pública total del país que durante su gobierno ya aumentó US$ 2.461 millones y superó el tope de 40% del PIB que para analistas económicos locales y algunos organismos financiero, es el nivel sostenible para nuestro país.
Al cierre de 2023, año en que asumió como presidente de la República, el nivel de endeudamiento se encontraba en US$ 16.565,9 millones, que representaba en ese entonces 38,5% del PIB.
En tanto, al mes de mayo del presente año, la deuda pública total asciende a US$ 19.026,9 millones, que equivale a 41,2% del PIB.
Además, el gobierno gestiona la aprobación de préstamos por un monto total de US$ 1.671,4 millones, algunos ya fueron aprobados por el Congreso, otros están en etapa estudio y un paquete con autorización para iniciar las gestiones ante los organismos financieros.
El Banco Mundial también ofreció un crédito por US$ 1.000 millones para los próximos años y el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsará US$ 195 millones, del préstamo de US$ 400 millones que había otorgado el organismo como parte de los acuerdos que se ejecutan actualmente.
La meta de déficit fiscal, por su parte, establecida para este año no debe pasar de 1,9% del PIB, en tanto el próximo año debe reducirse a 1,5% del PIB como lo establece la ley de responsabilidad fiscal y los compromisos asumidos por el gobierno ante los organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo país.
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Grado de inversión: Crecimiento que impulsa el sector privado
Otro de los puntos que no faltó en el informe del presidente -y en más de una oportunidad lo mencionó para aventajarse- es el crecimiento económico. Peña hizo mención al grado de inversión “que puede darnos la dignidad económica”.
La expectativa del gobierno es cerrar con un crecimiento económico por encima del 4%, esto tras un repunte del 4,2% del año 2024 y se resaltó la posición de Paraguay en la región, al crecer por encima que otros países el año pasado.
Sin embargo, los datos adelantados confirman la buena dinámica de la economía que nuevamente tendrá como puntal al sector privado, de la mano del sector de los servicios, las construcciones, las industrias y la ganadería. Al primer trimestre del año, la economía registró un repunte del 5,9%.
El informe de Peña se atribuye incluso el logro de la conquista de nuevos mercados para la carne o productos del agro, que son el resultado de décadas de trabajo disciplinado público privado, no de los últimos dos años.
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No llega a todos los sectores
Sin embargo, también hay una disociación entre la dinámica del sector macro y el sector micro, ya que los ciudadanos en su mayoría no reciben los beneficios de este crecimiento. Esto debido al alto índice de informalidad laboral que alimenta la economía en negro.
Casi el 62,5% de los trabajadores están ocupados en tareas informales y eso hace que el efecto derrame que presagian los informes económicos del Banco Central del Paraguay (BCP) no llegue a todos. Además de las más de 1 millón de unidades empresariales existentes en el país, 65,8% son Mipymes sin registro, lo que refleja justamente el alto grado de informalidad en la nación.
Además, el grado de inversión es cuestionado debido a que las demás calificadoras aún señalan las debilidades del país, como la corrupción y falta de institucionalidad fuerte, sobre todo en el Poder Judicial.
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Inflación, salario mínimo e informalidad
Mientras Peña se jactó de la inflación estable y de la reducción de la meta del BCP a 3,5%, la desigualdad de los ingresos y la elevada inflación en el segmento de los alimentos (casi 30% en tres años) generan disconformidad de los ciudadanos, que tuvieron que conformarse con un reajuste de apenas G. 100.739 en el salario mínimo, debido a que el salario está indexado a la variación anual del IPC.
Este reajuste fue duramente cuestionado debido a que no refleja la realidad de los trabajadores, que piden un urgente cambio en la metodología de reajuste. Señalan que el actual salario mínimo no cubre ni el 50% del costo de vida de los mismos.
El informe resaltó la “creciente formalización de la economía”, de los nuevos contribuyentes, pero el tamaño de la economía subterránea en Paraguay se ubicó en 35,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2024, poco más de US$ 15.000 millones.
En la última década, la economía subterránea solo bajó 2,5 puntos porcentuales y se ubica entre las más altas de la región, según la estimación realizada por la organización ProDesarrollo y presentada recientemente.
Empleo y pobreza
En cuanto a la tasa de desempleo de 5,6% en el primer trimestre mencionada por el presidente como “la más baja para un periodo similar desde que se tienen datos” no es precisamente por la política de empleos del gobierno, sino por la propia dinámica de la economía en crecimiento, pero que nuevamente viene de la fuerza del sector privado.
Además, todavía hay una gran deuda en este ámbito, ya que la desocupación y subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo afectaba todavía a unas 268.360 personas al primer trimestre que representa el 8,7% de la fuerza de trabajo.
El presidente de la República Santiago Peña se jactó de que su gobierno ha sacado a 270.000 personas de la pobreza y 91.000 de la pobreza extrema.
Resaltó que entre los años 2002 y 2024 la pobreza se redujo del 58% al 20%. Pero en lo que compete a este periodo de gobierno, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza total se redujo del 22,3% al 20,1% en el 2024 y afecta a 1.189.045 personas que subsisten con menos de G. 30.000 por día. En lo que respecta a la pobreza extrema, según el INE la cifra bajó del 4,7% al 4,1% y afectó a 244.845 personas que deben subsistir con menos de G. 13.000 por día.
Pero no hay que olvidar que una de las principales críticas a este gobierno fue la intención de “maquillar la pobreza” con cambios estadísticos.
Varias inconsistencias se enumeraron sobre el reporte de pobreza como el de incluir a sus cifras, el periodo anterior que no le correspondió, también cuestionaron falta de focalización de subsidios, incorporación de hambre cero a las estadísticas, cuando anteriormente no se tenía en cuenta la alimentación escolar como ingreso, y desfasaje del costo de la canasta y otros.
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Inflación baja y estable: el BCP reduce su meta
El Bcp redujo su meta inflación a 3,5% para este año, con una plan de convergencia al 2026. Esto también incluyó Peña en su informe de gestión.
Según las explicaciones, esto es en base a recomendaciones internacionales de un mayor compromiso con la estabilidad de precios. Sin embargo, la actualización del IPC, que determina la inflación, se da cada 10 años.
La ciudadanía critica que los indicadores del IPS están desfasados. Este año, arranca la encuesta de presupuesto familiar a cargo del INE y se espera que pueda reflejar mejor los índices de consumo.
Otro de los cuestionamientos es que, con la reducción de la meta de inflación, el reajuste del salario mínimo sería por un monto cada vez menor, de no ajustarse el método de cálculo del salario básico de los trabajadores.
Ley de sistema de pagos para “favorecer a los amigos”
Por otro lado, el presidente Peña incluyó entre sus logros, la cuestionada Ley N° 7503/25 de Sistema Nacional de Pagos, que a más de regular los diferentes medios electrónicos de pagos, generó desconfianza, pues sospechan que esta ley fue aprobada “a medida” para favorecer a amigos y negocios vinculados al mismo Peña, especialmente al banco mimado de este gobierno (ueno bank).
La ley tuvo un paso meteórico por ambas cámaras del Congreso y fue sancionada el viernes 27 de junio en cuestión de días, lo que generó duras advertencias desde distintos sectores por el riesgo de que se trate de una legislación “a medida de los amigos” del cartismo.
Uno de los puntos más cuestionados se encuentra en el artículo 4°, específicamente en los incisos e y q, los cuales, según expertos y constitucionalistas, podrían habilitar al BCP a intervenir en esquemas de propiedad privada y fueron señalados como inconstitucionales.
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Itaipú: sin revisión del Anexo C
Asimismo, el presidente, Santiago Peña, se refirió solamente a algunos de los resultados de los recursos que obtuvo su gobierno con la violación del Tratado de Itaipú, al imponerle una tarifa superior a su costo real.
La ciudadanía esperaba información sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, pero Peña se limitó a destacar la construcción de la intersección a desnivel en Ciudad del Este, la duplicación de la ruta Mariano Roque Alonso - Luque, el mejoramiento de la Ruta departamental D025, y la duplicación de Tapé Tuja y el viaducto., etc, inversiones que, además de eludir los controles del Legislativo y de la Contraloría General de la República (CGR) serían irrelevantes si se los comparan con los que lograría el Paraguay con el pleno aprovechamiento de su energía en Itaipú y el justo precio por la exportación de su excedente.
Sin obras públicas de envergadura
El informe de Peña habla de proyectos aprobados: “Tenemos 690 millones de dólares en obras en ejecución”, dijo. Pero lo cierto es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue sin ejecutar obras de envergaduras con el actual Gobierno y la mayoría de las obras que está ejecutando la institución fueron licitados a través de Itaipú, puenteando la ley de Contrataciones Públicas.
Una de las obras principales adjudicada por la actual administración es la “Ruta de la Soberanía”, que fue otorgada en cuatro lotes por casi US$ 200 millones, para el catastro, indemnización, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pytã - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107), pero sin avance hasta la fecha.
Solamente realizaron llamados a licitación, como de las obras cloacales de Lambaré, Ciudad del Este y la APP de Ruta PY01, que sigue en proceso de evaluación de propuestas técnicas.
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Empresas públicas deficitarias y reducción de precios de combustible
Así también, el Presidente mencionó en su reporte a las “empresas públicas al servicio de la ciudadanía” y las reducciones de precios de los combustibles, que calificó de un “logro”. “Para cuidar el bolsillo de los paraguayos, redujimos 9 veces el precio de los combustibles, pero no lo hicimos de manera irresponsable, populista, lo que hicimos fue fortalecer a Petropar, volverlo más eficiente. Esa eficiencia, ese ahorro de gastos, se traduce en un ahorro para los ciudadanos”, afirmó.
Pero nada mencionó de las pérdidas que soporta Petróleos Paraguayos (Petropar), así como otras empresas públicas como la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), la Industria Nacional del Cemento (INC) y Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) que juntas registraron el año pasado un déficit acumulado de G. 1,3 billones (más de US$ 167 millones al cambio actual).
Se trata de resultados negativos que se vienen arrastrando desde varias administraciones y que, lejos de mejorar, continúan empeorando con sus administraciones actuales.
En el caso de Petropar, dirigida por Eddie Jara, su balance muestra resultados acumulados negativos por G. 352.007 millones. Además, la petrolera continúa realizando compras dudosas, como el caso de la firma catarí Doha Holding, que hasta la fecha no entregó el gasoil comprometido, y ya se le concedió una sexta prórroga.
Transporte público deficiente
Otro punto mencionado guarda relación con uno de los mayores sufrimientos del ciudadano “de a pie”: El transporte público. Peña volvió a anunciar el plan de reforma que presentará en los próximos días, pero prometido desde hace años.
Mientras el Gobierno de Santiago Peña sigue prometiendo, permanece pasivo ante las reguladas del transporte público. Miles de pasajeros deben soportar largas esperas y el frío, afectando su acceso al trabajo, a la educación y a la salud.
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) lamenta que el conflicto persistente entre los empresarios y las autoridades siga castigando, con severidad, a los pasajeros.
La asociación destacó que la inversión y las mejoras en el transporte público que realiza el actual Gobierno son prácticamente nulas y la reforma anunciada hace meses sigue sin presentarse en el Congreso, mientras los conflictos con los empresarios se agudiza.
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La casa propia sigue siendo un sueño
Finalmente, aunque el presidente Santiago Peña presentó el programa Che Róga Porã como uno de los principales logros “revolucionarios” en materia de vivienda para su segundo año de gobierno, los resultados concretos de la iniciativa dirigida por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) siguen siendo limitados.
Se trata del programa “estrella” de acceso a vivienda dirigido a la clase media, con la promesa de cuotas similares al precio de un alquiler y la posibilidad de acceder a créditos de hasta G. 500 millones, al 6,5% de tasa de interés anual y hasta 30 años de plazo, para familias con ingresos desde un salario mínimo.
No obstante, hasta ahora, no se han entregado ni 50 viviendas bajo la primera modalidad del programa, de viviendas en pozo, a un año desde su lanzamiento, mientras que los solicitantes se han enfrentado a numerosas barreras para acceder al financiamiento, siendo el “sobreendeudamiento” la principal. Los que lograron acceder, poseen desde tres salarios mínimos de ingreso familiar global.
En abril pasado, se relanzó el programa bajo el nombre de Che Róga Porã 2.0 con nuevas modalidades de construcción, adquisición y ampliación o refacción de viviendas, pero hasta el momento prácticamente no existen datos sobre los avances que ha registrado esta actualización. Peña sólo se limitó a mencionar la aprobación de los US$ 200 millones para fondear el plan. Es decir, el éxito del mismo sigue siendo una promesa.
¿Y las 500.000 viviendas?
En términos generales y según los datos oficiales, hasta junio se han aprobado más de 400 solicitudes en el marco de Che Róga Porã, por un monto cercano a los 123.000 millones de guaraníes, aunque se habla de otras 1.000 solicitudes en proceso de evaluación, lejos de “revolución” que pretendía el programa para la política habitacional del país.
Peña mencionó, del mismo modo, las viviendas sociales. Dijo que el Ministerio de Urvanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ha gestionado hasta el momento 27.500 soluciones habitacionales, de las cuales 18.200 ya fueron entregadas para igual número de familias que hoy encuentran la seguridad de un techo digno. “A modo comparativo, durante los 5 años del gobierno anterior se gestionaron 35.000 viviendas, por lo que a este ritmo, a dos años de gestión estaremos alcanzando e incluso superando esa cifra”, señaló.
Pero estas cifras están aún mucho más lejos de las 500.000 viviendas en cinco años que había prometido Santiago Peña al arrancar su gobierno.