Tras desactivarse el paro del transporte público, los usuarios siguen denunciando las reguladas, mientras que el Gobierno volvió a prometer una reforma del sistema. Sin embargo, aún no presentaron al Congreso el proyecto de ley, anunciado hace más de un año. El borrador se socializó en plena fiesta de fin de año de 2024, pero hasta hoy su financiación sigue siendo un misterio, aunque anuncian que el texto lo presentarían esta semana para su estudio.
Hace casi un año, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, informó que la inversión inicial para esta reforma sería de US$ 300 millones, fondos que —según la institución— el presidente Santiago Peña había “asegurado” tras una supuesta “exitosa negociación sobre Itaipú”. Durante la defensa del presupuesto del MOPC el año pasado, Centurión reiteró esta cifra, pero hasta ahora la inversión sigue sin concretarse.
En este momento no está claro cómo financiarán el plan de reforma. La ministra había señalado que el Estado debía adquirir, al menos, 1.000 buses mediante una licitación que incluirá también el mantenimiento de las unidades. La operación de los buses será otorgada a distintas empresas a través de otros llamados públicos.
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Viceministro ahora dice que tarifa técnica cubrirá la inversión
Este diario consultó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, sobre este punto durante la última mesa tripartita realizada en el Ministerio de Trabajo, ocasión en la que desactivaron el paro anunciado por los gremios del transporte. Fernández respondió escuetamente que el plan se financiará a través de la tarifa técnica del pasaje.
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“La tarifa técnica es el elemento central. Así como hay precios en los mercados, la tarifa técnica es el punto de trabajo para el financiamiento del sistema. Incorpora elementos de subsidio y elementos del pasaje”, explicó. No hizo mención de los recursos que serán necesarios para la compra de buses, carriles exclusivos, estaciones ni otras infraestructuras.
Lo que sí informó el viceministro es que el Gobierno ya contrató a la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil para realizar los estudios de la tarifa técnica. “Van a hacer los análisis, las capacitaciones, conocerán cómo funciona el mercado… todo lo que implica estructurar una matriz de costos. El trabajo durará cinco meses. No es una tarea fácil”, aseguró.
Aunque sin precisar fechas, Fernández insistió en que el proyecto se presentará próximamente. “El presidente Santiago Peña entregará la reforma del sistema de transporte público. Lo dijo en declaraciones, lo dijo en su informe ante el Congreso. El presidente de Diputados también habló del tema. Estamos por presentar el proyecto”, afirmó.

Lo que plantea el borrador del plan de reforma
Según el borrador del proyecto de ley —que presentarían esta semana—, los principales troncales del sistema serán adjudicados a distintas empresas privadas, mientras que el Estado será responsable de adquirir la flota de buses.
El texto establece que los activos que podrán ser administrados por operadores privados incluyen: La operación de itinerarios (unidades funcionales), la provisión de la flota de buses, infraestructura de estaciones y terminales y los servicios tecnológicos de recaudación, como el billetaje electrónico.
No está claro si estos puntos se mantuvieron tal como están en la versión final del proyecto que presentarán, pero también se propone la creación de un Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, encargado de administrar los recursos destinados al sistema metropolitano.
Desde este fideicomiso se realizarán los pagos a los operadores, prestadores del billetaje y demás compromisos financieros asumidos por el Estado. El flujo necesario para cubrir las inversiones en los próximos cinco años se estima en US$ 250 millones, aunque no se sabe qué porcentaje será cubierto por los usuarios mediante el pasaje y cuánto corresponderá al aporte estatal.
El fideicomiso se financiará con los ingresos del pasaje a través del billetaje electrónico y con recursos públicos adicionales que se requieran, como los del Fondo de Promoción del Transporte Eléctrico, previsto en el artículo 8° de la Ley N.º 6925 “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en Paraguay” (proveniente del 10% de lo recaudado del impuesto selectivo al consumo a la nafta 95 octanos, nafta de aviación y gasoil).
Cetrapam dice que apoya la reforma, pero con reparos
El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, afirmó que el sector apoya la reforma, pero advirtió que presentaron observaciones al borrador socializado, sin saber si fueron consideradas.
“Entendemos que esto debe reformarse. Lo que no sabemos es si nuestras recomendaciones, basadas en la experiencia operativa, fueron tomadas en cuenta”, dijo.
Entre las principales sugerencias del gremio figuran: La creación de un Ministerio de Transporte, objeciones a la disgregación de activos que propone el proyecto y cuestionamientos al artículo que permitiría al Viceministerio intervenir empresas sin requerimiento judicial.
“Yo siempre lo dije de forma empírica: tenemos demasiados caciques y pocos indios. ¿Qué quiero decir? Tenés al Viceministerio del Transporte, a la Dinatran, a la Gobernación y a cada municipio con autonomía. Cada institución toma decisiones bajo sus propios criterios”, comentó.
Respecto al financiamiento del plan, Cetrapam aseguró desconocer si existe un presupuesto real para llevar adelante la reforma.