Mientras el Gobierno sigue prometiendo una reforma del sistema de transporte público de pasajeros —que se encuentra en estado crítico—, el proyecto de ley correspondiente aún no ha sido presentado al Congreso, a pesar de haber sido anunciado hace más de un año. La gran incógnita que persiste es cómo se financiará el plan, ya que hasta el momento no se ha brindado una explicación clara sobre el origen de los recursos. Según el borrador conocido, el Estado debería encargarse de la adquisición de buses e infraestructura.
Ayer, al ser consultada al respecto, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, se limitó a responder que la reforma será financiada con “recursos públicos”, sin brindar mayores precisiones ante la falta de presupuesto asignado.
Ante la insistencia de si esos recursos provendrán de algún préstamo internacional o de fondos específicos, la ministra reiteró: “Los recursos públicos”. Se le recordó que, en su momento, ella misma había informado que la inversión inicial de US$ 300 millones sería cubierta con fondos provenientes de Itaipú, como resultado de la “exitosa negociación” con Brasil. Su respuesta fue: “No, Itaipú son recursos públicos también, ¿verdad? Son recursos del Estado” (SIC).
Respecto a la presentación del proyecto final, Centurión afirmó que se hará esta semana, aunque no precisó una fecha. “Presentamos esta semana. Esa es la instrucción que nos dio el Presidente. Realmente estamos muy enfocados en lo que va a ser esa reforma del transporte”, declaró.
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La ministra reiteró que la reforma se implementará mediante una gran alianza público-privada, señalando que parte de la financiación a largo plazo provendrá del propio sistema, es decir, de los pasajeros. “Hoy, de hecho, el sistema se paga en parte con el precio del pasaje, y quiero remarcar —porque seguramente es la siguiente pregunta— que no está contemplado ningún cambio en la tarifa”, subrayó.
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El Estado deberá adquirir al menos 1.000 buses
Según había señalado la propia ministra, el Estado será responsable de adquirir, mediante licitación pública, al menos 1.000 buses, incluyendo el mantenimiento de las unidades, como parte esencial para iniciar la reforma. La operación de estos buses será adjudicada posteriormente a distintas empresas a través de otros llamados públicos.
El borrador del proyecto —que el Ejecutivo asegura presentará esta semana ante el Congreso— establece que los principales troncales del nuevo sistema serán operados por empresas privadas, mientras que el Estado se encargará de la adquisición de la flota.
Además, se plantea que los activos que podrán ser administrados por operadores privados incluyen: la operación de itinerarios (unidades funcionales), provisión de flota, infraestructura (estaciones y terminales), y servicios tecnológicos como el sistema de billetaje electrónico.
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Aún no está claro si estos aspectos se mantendrán en la versión final del proyecto. También se prevé la creación de un Fideicomiso de Administración del Financiamiento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, que será el encargado de gestionar los recursos destinados al sistema metropolitano.
Desde este fideicomiso se realizarán los pagos a los operadores, prestadores del billetaje y otros compromisos financieros asumidos por el Estado.
El flujo de inversión estimado para los próximos cinco años asciende a unos US$ 250 millones. Sin embargo, no se ha detallado qué porcentaje será cubierto por el pasaje ni cuánto deberá ser aportado por el Estado.
El fideicomiso será financiado con los ingresos generados por el billetaje electrónico y con fondos públicos adicionales, como los del Fondo de Promoción del Transporte Eléctrico, previsto en el artículo 8° de la Ley N.º 6925. Este fondo se nutre del 10% de lo recaudado por el Impuesto Selectivo al Consumo aplicado a naftas de 95 octanos, nafta de aviación y gasoil.