Reforma del transporte prevé incluso la creación de una sociedad estatal

El proyecto de ley para modernizar el transporte público metropolitano no solo permite concesionar el servicio a empresas privadas, sino que también abre la posibilidad de que el Estado cree una sociedad estatal para operar buses si el sector privado no muestra interés. La iniciativa, presentada al Congreso y que se aprobaría en tiempo récord, contempla la recuperación de las inversiones con pasaje de usuarios y subsidio estatal.

La implementación de la reforma tardaría cuatro años. Mientras tanto, los usuarios seguirán sufriendo por el pésimo servicio.
La implementación de la reforma tardaría cuatro años. Mientras tanto, los usuarios seguirán sufriendo por el pésimo servicio. Pedro Gonzalez

Además de concesionar la prestación del servicio a empresas privadas, el proyecto de ley que “moderniza el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros, establece la rectoría sobre el transporte terrestre, y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000”, le otorga al Estado la potestad de crear incluso una nueva sociedad estatal que podrá encargarse de operar los buses.

Así lo establece el Capítulo II del plan normativo, donde se define el rol del Estado en el Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros. El proyecto fue presentado al Congreso el jueves último por el Gobierno de Santiago Peña y se aprobaría en el Senado en un plazo de 15 días.

El artículo 24 señala expresamente: “Principio General. El servicio de transporte público metropolitano de pasajeros es un servicio regulado por el Estado. La prestación de este servicio será adjudicada en concesión a personas jurídicas privadas. Alternativamente, el servicio podrá ser prestado directamente por el Estado o por el órgano público o sociedad con mayoría accionaria estatal que defina el Poder Ejecutivo, cuando así lo exija el interés público”, indica el borrador del plan normativo.

El artículo 24 establece que el servicio de transporte también podrá ser prestado directamente por el Estado o por el órgano público o sociedad con mayoría accionaria estatal.
El artículo 24 establece que el servicio de transporte también podrá ser prestado directamente por el Estado o por el órgano público o sociedad con mayoría accionaria estatal.

¿En qué caso se podría crear una empresa estatal?

ABC Color consultó al titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Emiliano Fernández, en qué casos se podría crear una sociedad estatal o una empresa pública encargada del transporte de pasajeros. Fernández explicó que esto solo sucedería si no existe interés privado en la operación o provisión de buses.

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“Previmos estas ventanas jurídicas en caso de que los privados no demuestren interés. Supongamos que nadie se presenta a las licitaciones para las concesiones y no hay interesados, pero el servicio de transporte público sigue siendo un derecho ciudadano necesario. El Estado puede comprar y operar los buses, siendo a la vez proveedor y operador de la flota. Esa alternativa está precisamente establecida en la ley”, afirmó.

No obstante, Fernández enfatizó que el objetivo principal es que el sector privado invierta en la compra de buses, para ponerlos a disposición de otras empresas privadas para su operación.

Estado permitirá recuperar la inversión

En este sentido, recalcó que el Estado permitirá recuperar la inversión de las empresas mediante la tarifa técnica del pasaje, la cual determinará el monto que pagará el usuario y el subsidio estatal para hacer viable el sistema.

Precisó que, para el repago de estas inversiones, se prevé la creación de un fideicomiso -donde se depositará el subsidio estatal y el pasaje abonado por los usuarios- que financiará los fondos necesarios para el repago de las inversiones en el largo plazo. Señaló que se otorgarán concesiones de entre 15 y 20 años para la operación de buses, la provisión de flota, la infraestructura y los servicios complementarios, que conforman los cuatro ejes principales del plan.

“Para la provisión de flota y la operación, habrá un proceso de licitación y concesión. Por lo tanto, es el sector privado el que hará la inversión en flota y en la operación”, explicó.

Unidades funcionales que se prevén dentro del plan de reforma del transporte público.
Unidades funcionales que se prevén dentro del plan de reforma del transporte público.

Estado podrá comprar buses

También indicó que no se descarta que el Estado pueda comprar buses y ponerlos a disposición de los operadores. Precisamente, el artículo 79 del plan normativo establece: “El Estado podrá adquirir flotas de buses e infraestructura destinadas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, mediante los procedimientos previstos en la Ley N° 7021/2022 ‘De Suministros y Contrataciones Públicas’“.

Esto tiene como finalidad subvencionar el servicio de transporte público metropolitano, bajo criterios de “responsabilidad fiscal y rentabilidad social”, según el texto. Asimismo, el Estado podrá aceptar donaciones, siempre que se ajusten al marco legal vigente y sean compatibles con los fines del servicio público.

“Así como podemos tener un sistema de transporte público concesionado, donde el privado aporta y opera la flota, también podemos contar con un servicio enteramente público, o una combinación en la que el Estado suministre la flota y la licite para que operadores privados la gestionen”, agregó.

Inversión necesaria de US$ 300 millones

Respecto a la inversión necesaria para la reforma, Fernández estimó que se requerirán aproximadamente US$ 300 millones para la compra de al menos 1.000 buses, en caso se adquieran todas las unidades de una vez. Sin embargo, aclaró que las inversiones se realizarán de forma gradual, a medida que se adjudiquen los diferentes itinerarios.

“La ley establece que los contratos de concesión pueden llegar hasta los 15 años. Así, podemos otorgar ese plazo para el repago de las inversiones del pasaje y el subsidio estatal (que se depositarán en el fideicomiso). Esto nos permite abonar en partes las cuotas de esta gran inversión, que no se realizará de una sola vez, sino de manera gradual y paulatina. Pero un horizonte de 15 años es adecuado para amortizar estas inversiones”, concluyó.

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