La solicitud de aumento presupuestario firmada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel, fue presentada a inicios del pasado mes de julio ante la Cámara de Senadores.
El documento fue girado a las comisiones de: Hacienda y Presupuesto; y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, para que emitan sus respectivos dictámenes.
La Corte pide un ampliación presupuestaria de más de G. 46.652 millones (US$ 6,2 millones al cambio vigente) para este segundo semestre del año, a ser financiado en su mayor parte con recursos del Tesoro y con recursos institucionales generados por la entidad.
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Sostiene, entre otros puntos, que cuenta en su plantel de funcionarios permanentes y contratados, profesionales con título de grado, especialización, maestría, doctorado, escuela judicial y otros cursos de capacitación y actualización constante.
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“Sumado a la experiencia adquirida con los años en la institución, estas personas con talento resultan muy solicitadas en el ámbito privado e incluso en otras instituciones dentro del sector público, por lo que un sistema de compensación justo se encuentra dentro de las formas más funcionales para retener a Magistrados y Funcionarios calificados”, afirma la nota.
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Además, refiere que en los últimos años, los diferentes gremios de las áreas jurisdiccional y administrativas, solicitaron el reajuste salarial, considerando principalmente que los alimentos de la canasta básica presentaron un incremento de más del 30% en sus precios en los últimos tres años, muy por encima de los indicadores totales de inflación.
“Demás esta mencionar que, en el presente Ejercicio Fiscal, algunas instituciones del estado fueron beneficiadas con incrementos o ajustes salariales, excluyéndose a los Funcionarios Judiciales”, puntualiza la Corte en su solicitud.
El aumento solicitado por la Corte
El pedido contempla un reajuste salarial para los funcionarios de las áreas jurisdiccionales y administrativa, que suman 9.416 en total, con aplicación del mes de julio a diciembre de 2025.
Así también un reajuste salarial para los actuarios judiciales de Primera y Segunda Instancia, y actuarios especializados de Juzgados de Paz, con aplicación efectiva a partir del mes de setiembre a diciembre.
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El aumento planteado por la máxima instancia judicial consiste en lo siguiente: 20% para los funcionarios que ganan dentro de un rango de G. 2.798.309 a G. 5.000.000; 10% para los que ganan entre G. 5.000.001 a G. 10.000.000; y 5% para los que ganan un monto superior a G. 10.000.000.
Argumenta que para el proyecto de presupuesto 2025 se planteó un reajuste atendiendo que el personal no percibe incremento salarial desde hace 13, siendo el último ajuste en 2012. Sin embargo, no fue considerado y solo se incluyó reajuste para magistrados, así como la regularización salarial para actuarios especializados.
En el caso de los actuarios judiciales, para un total de 880 cargos, se solicita un aumento del 16%, que representa G. 1.337.234, considerando que la ley dispone que deben ganar el 60% del salario de jueces de Primera Instancia.
Con relación a los actuarios especializados, el reajuste planteado para 327 cargos es del 14%, equivalente a G. 1.337.234, según la solicitud presentada ante el Congreso.