La mesa directiva del Senado confirmó esta mañana que este martes, a las 10:10 horas, se llevará a cabo una sesión extraordinaria para el análisis del proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público. Se trata del plan normativo que “moderniza el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros, establece la rectoría sobre el transporte terrestre, y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000”.
La convocatoria se da tras la decisión de los gremios de choferes de posponer la huelga que habían anunciado para los días 3 y 4 de septiembre.
El tratamiento se había postergado el miércoles último luego de que los choferes haya definido suspender la medida de fuerza, aclarando que se trata de una postergación y no de un levantamiento definitivo, por lo que el conflicto sigue abierto.
Fue tras una reunión tripartita en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), con la participación de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT), autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) y representantes del propio MTESS.
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“Mañana vamos a saber como sale la ley de la reforma y de acuerdo a eso vamos a llamar nuevamente a un congreso de los trabajadores, así acordamos la semana pasada”, informó esta mañana Gerardo Giménez, presidente de Fetrat.
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La exigencia de modificación de los choferes
Los gremios mantienen firme su postura crítica hacia el proyecto, al que consideran perjudicial para los trabajadores. Entre sus reclamos figuran la garantía de absorción total del plantel de choferes en caso de cambios de operadores, la definición clara del empleador responsable de las obligaciones laborales y el rechazo a que el transporte público metropolitano sea declarado “servicio público imprescindible”, medida que —según las federaciones— busca limitar el derecho a la huelga.
La postergación de la huelga fue validada en reunión que se realizó el jueves último, a las 15:00, en el Congreso Unitario de Trabajadores del Transporte que se realizará en la Central Nacional de Trabajadores. Allí definieron asambleas permanentes para estar pendientes de las decisiones en el Congreso.
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¿En qué consiste el plan de reforma?
El Gobierno presentó al Congreso el 24 de julio último el proyecto de ley de reforma del transporte público, cuya implementación será gradual y demandará unos cuatro años. El plan establece concesiones por 15 a 20 años a través de licitación pública y abarca cuatro componentes: provisión de flota, provisión de infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.
El Estado asumirá la compra de los buses mediante concesiones a empresas proveedoras y luego los pondrá a disposición de los operadores. La flota no podrá incluir vehículos con más de 15 años de antigüedad, y se buscará priorizar unidades de bajas o cero emisiones. Sin embargo, el proyecto de ley no solo permite concesionar el servicio a empresas privadas, sino que también abre la posibilidad de que el Estado cree una sociedad estatal para operar buses si el sector privado no muestra interés.
Además, se licitarán contratos para infraestructura (patios, terminales, estaciones) y servicios complementarios como gestión tecnológica, fiscalización, inspección técnica y evaluaciones a conductores.
La operación se organizará en unidades funcionales (troncales, alimentadoras, ramales y circulares), con el objetivo de reducir las actuales 36 líneas a unas 10 empresas operadoras. También se prevé la integración tarifaria, permitiendo a los usuarios realizar varios viajes con un solo pasaje. Durante la transición, los actuales operadores seguirán prestando el servicio hasta que venzan sus permisos.
El financiamiento estará a cargo de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido con el billetaje electrónico y subsidios estatales. Este fondo centralizará los pagos a los concesionarios y cubrirá los costos que no sean cubiertos por el pasaje. Aún no está claro de dónde saldrán los recursos iniciales para la compra de al menos 1.000 buses, aunque el Ejecutivo sostiene que a largo plazo el sistema se mantendrá con la tarifa técnica (pasaje más subsidio).