Con algunas modificaciones, la Cámara de Senadores aprobó ayer en general y en particular, en sesión extraordinaria, el Proyecto de Ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000 relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”. El plan normativo pasa a Diputados para su análisis.
En una confusa sesión, la aplanadora cartista impuso la aprobación de la propuesta con la modificación proveniente de las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos; Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible; Industria y Comercio; y Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro.
La aprobación en general se dio al inicio de la sesión extraordinaria. Luego se votaron los artículos no objetados, posteriormente el texto consensuado por la Comisión de Legislación, y finalmente se trataron uno por uno los artículos objetados. De los 122 artículos del proyecto, 92 fueron objetados; de estos, 20 alcanzaron consenso y 72 quedaron sin acuerdo.
La senadora Yolanda Paredes cuestionó que el oficialismo nuevamente haya impuesto de forma arbitraria la aprobación de las modificaciones realizadas por la Comisión de Legislación, e insistió en que el plenario debata todos los puntos objetados. Lamentó además que recién a las 21:00 del día anterior hayan recibido el proyecto final.
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En un primer momento, se intentó evitar que el pleno trate los artículos no consensuados, bajo la excusa del tratamiento de código que se dio al plan normativo. En medio de cuestionamientos de la oposición, el senador Natalicio Chase (ANR-cartista) pidió que el plenario retome el tratamiento artículo por artículo a partir del 23.
Las modificaciones más representativas
Uno de los puntos aprobados como “consensuados” corresponde al artículo más cuestionado por los choferes, cuya huelga sigue latente. Se trata del artículo 20, que establece: “El servicio de transporte público metropolitano de pasajeros es un servicio público imprescindible y, como tal, se garantiza su prestación continua y regular”.
La senadora Esperanza Martínez insistió en debatir este punto en el pleno, pero sin éxito. Finalmente, se aprobó que las interrupciones totales o parciales del servicio sean sancionadas como infracciones graves. Asimismo, se dispone que, en caso de huelga o paro, deberá garantizarse un servicio mínimo.
El texto aprobado establece que en horario pico el servicio deberá alcanzar un 70% de cobertura y en los demás horarios, un 60%, respecto de los servicios regulares.
También se incluyó en el artículo 39 que se obliga a los nuevos operadores a incorporar a los conductores que hayan trabajado al menos los últimos dos años en la empresa sustituida. La misma protección se extiende en casos de cesión de concesiones. Sin embargo, el nuevo operador podrá realizar evaluaciones de idoneidad bajo criterios objetivos previamente definidos. Los conductores que no cumplan con los requisitos mínimos podrán ser excluidos. El Viceministerio de Transporte reglamentará y supervisará estos procesos.
Otro cuestionamiento de la oposición fue la falta de protección para los trabajadores próximos a la jubilación. Sobre este punto, el senador Chase argumentó que, de los 3.953 trabajadores registrados, solo 26 se jubilarán en los próximos cinco años, por lo que el impacto sería mínimo.
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Lo que se busca con el plan de reforma
El Gobierno presentó el proyecto el 24 de julio y prevé una implementación gradual en cuatro años. Las concesiones serán de 15 a 20 años mediante licitación pública e incluyen cuatro componentes: flota, infraestructura, operación y servicios complementarios.
El Estado asumirá la compra de los buses a través de concesiones con empresas proveedoras y los pondrá a disposición de los operadores. La flota no podrá superar los 15 años de antigüedad y se priorizarán unidades de bajas o cero emisiones. Si no hay interés privado, se habilita la creación de una sociedad estatal para operar.
También se licitarán patios, terminales, estaciones y servicios como gestión tecnológica, fiscalización e inspecciones. La operación se organizará en “unidades funcionales” (troncales, alimentadoras, ramales y circulares), reduciendo las 36 líneas actuales a unas 10 operadoras. Se implementará la integración tarifaria, que permitirá varios viajes con un solo pasaje.
El financiamiento estará a cargo de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido con el billetaje electrónico y subsidios estatales. Este fondo pagará a los concesionarios y cubrirá los costos no cubiertos por el pasaje. Falta definir de dónde saldrán los recursos iniciales para comprar al menos 1.000 buses, aunque el Ejecutivo afirma que, a largo plazo, el sistema se sostendrá con la tarifa técnica (pasaje más subsidio).