“Paraguay no solamente desde el 2027 puede disponer libremente de su 50% de la energía de Itaipú, sino desde siempre”, afirmó Canese al consultársele sobre las versiones que ahora corren en Brasil sobre la venta de nuestra energía excedente a terceros mercados.
Rechazó las interpretaciones del director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, quien aseguró que la libre venta de nuestra energía de Itaipú recién sería posible a partir de 2027. “En ninguna parte del Tratado dice que Paraguay haya renunciado expresamente a su soberanía y según la Convención de Viena, la renuncia a la soberanía debe ser expresa, no se puede inferir ni deducir”, explicó la exviceministra.
Cabe recordar que Gazeta do Povo publicó recientemente que, en entrevista con la agencia de prensa oficial del gobierno federal, Agência Brasil, el director general de Itaipú, Enio Verri, declaró que desde 2027 se espera que, tanto Brasil como el Paraguay, puedan vender libremente a terceros la parte de energía que no utilicen.
Claudio Sales, presidente del Instituto Acende Brasil, a su turno, en la misma publicación de Gazeta, dijo que el Tratado de Itaipú es claro al establecer que cada país tiene derecho a consumir el 50% de la energía generada y que el excedente solo puede ser comercializado entre los dos socios de la central hidroeléctrica.
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Sin embargo, Canese recuerda que en el acuerdo Lugo-Lula ya se estableció que en la brevedad (2009), el Paraguay podía vender al mercado brasileño y a partir del 2023, a terceros países. “Así que hasta las palabras del director brasileño de Itaipú, Enio Verri, son absurdas y mucho más las de Claudio Sales”, critica.
Gastos sociales
Según la prensa brasileña, el retraso en la revisión del Anexo C también está vinculado a la decisión del gobierno del Partido de los Trabajadores de mantener los llamados “gastos socioambientales”, cuestionados por el sector energético de Brasil.
Para Canese, esos fondos son ilegales. “La aplicación de una tarifa por encima del costo —lo que por diferencia genera los mal llamados gastos socioambientales de Itaipú— es ilegal, viola el Tratado y es una forma de soborno para que Paraguay no exija su soberanía”, advirtió.
La exviceministra aseguró que la aplicación de una tarifa por encima del costo (de Itaipú) tiene consecuencias directas sobre la economía nacional. “La ANDE perdió US$ 295 millones en 2024 por culpa de esta tarifa, sin que Santiago Peña haya destinado un centavo de esos ‘gastos sociales’ a la empresa estatal de electricidad”, criticó.
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Para Canese, Paraguay es el más interesado en que una mesa, que esperamos 50 años, se conforme para la revisión del Anexo C de Itaipú continúe. “La paralización por el espionaje es exactamente lo contrario a lo que teníamos que hacer, debimos acelerar y exigir resultados en las negociaciones. Solo pidiendo lo justo hubiéramos tenido en total US$ 3.500 millones al año desde 2023”, puntualizó.
Más potencia
La exviceministra de Minas y Energía agreegó que es recomendable aumentar la potencia de Itaipú, que puede ser con más turbinas o haciendo el canal de navegación por territorio paraguayo, siempre que sea con entera soberanía de Paraguay sobre su 50% y sin volver a endeudar a la Central.
“Esta obra es necesaria no precisamente para producir más energía (que puede suceder, en momentos de mucha agua) sino sobre todo para atender la demanda de punta con más potencia”, dijo.