La edición 2025 del Índice de Burocracia abarca 21 países -16 latinoamericanos, dos del Caribe y tres europeos- que en conjunto concentran cerca del 10% de la población mundial y un porcentaje similar del producto global. Una característica central del índice es que evalúa la carga regulatoria adaptándose al marco legal y administrativo de cada país, sin imponer una estructura productiva uniforme.
El análisis muestra que una empresa mediana debe asignar, en promedio, 1.577 horas al año para cumplir con los requisitos burocráticos necesarios para operar dentro del marco legal y formal de su país. Esta carga administrativa equivale a 190 jornadas laborales de ocho horas, lo que implica que, de un total de 260 días hábiles, el 76% del tiempo de trabajo anual de un empleado se concentra exclusivamente en gestiones exigidas por el sector público.
Al observar los sectores económicos, las diferencias son reducidas. El sector primario registra la menor demanda de trámites, con 1.524 horas anuales, seguido del terciario, con 1.598 horas. El sector secundario presenta la mayor exigencia, con 1.683 horas por año, aunque sin una brecha significativa respecto a los demás.
Entre los distintos grupos de trámites, la categoría “Otros” constituye la carga más elevada, con 582 horas anuales, equivalente a 73 días de trabajo.
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En este grupo destacan los procedimientos específicos de cada actividad productiva, así como los relacionados con certificaciones y licencias. Le siguen los trámites asociados a la “Administración de las Operaciones”, con 498 horas por año, donde sobresalen las gestiones tributarias y las vinculadas a salud y seguridad ocupacional. Por último, los procedimientos incluidos en “Administración del Empleo” demandan 453 horas anuales.
Situación por economías
El Índice de Burocracia de Funcionamiento 2025 revela contrastes significativos en la carga administrativa que enfrentan las empresas medianas en la región.
Las horas anuales destinadas a trámites obligatorios varían desde niveles relativamente bajos -como en Panamá, con 246 horas, o España, con 342- hasta cifras muy superiores, como las registradas en Chile (5.860 horas) y Colombia (5.237). Esta disparidad ilustra cómo la estructura regulatoria influye de manera directa en los costos operativos y en el clima de negocios.
En este escenario, Paraguay exhibe un total de 941 horas anuales, ubicándose en un punto intermedio del ranking. Si bien esta posición intermedia sugiere cierta moderación en el peso burocrático, también refleja que la estructura administrativa paraguaya continúa lejos de los estándares de eficiencia observados en los países mejor posicionados.
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Países como Panamá (246 horas), España (342) o Uruguay (410) exhiben cargas administrativas sustancialmente menores. Incluso economías latinoamericanas comparables, como El Salvador (435) o México (571), demandan menos tiempo para completar procedimientos básicos.
La distancia sugiere que Paraguay continúa arrastrando obstáculos burocráticos que no logran resolverse pese a los reiterados anuncios de simplificación y digitalización.
Desde una mirada más crítica se indica que una menor carga de trámites no garantiza necesariamente mayores niveles de transparencia. La relativa agilidad en algunos procesos podría interpretarse como eficiencia, pero también podría responder a controles débiles, procedimientos poco estandarizados o espacios de discrecionalidad.
Es de recordar que Calificadoras Internacionales han señalado reiteradamente la debilidad institucional del país, un aspecto que debe considerarse al interpretar estos resultados.
En este sentido, la discusión no se debe limitar solo a cuántas horas demanda un trámite, sino a si los procesos son claros, verificables y sostenidos por mecanismos de supervisión adecuados.
Paraguay enfrenta el desafío de seguir simplificando sus procedimientos sin comprometer la integridad administrativa. Una modernización efectiva requiere equilibrar eficiencia y transparencia para fortalecer la confianza empresarial y mejorar el entorno económico.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.