“Brasil finalmente cumple con el pedido de Paraguay, y estamos ya en condiciones de retomar las conversaciones en la primera quincena de diciembre y volver a colocarnos en la senda de esta revisión”, aseguró el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
El también consejero de Itaipú detalló a Radio Monumental que el canciller brasileño, Mauro Vieira, visitó Paraguay el lunes último, reuniéndose con su homólogo Rubén Ramírez, para entregar el informe, que también contiene “un resumen ejecutivo de los hechos” relacionados con el controvertido episodio. Estos documentos están siendo analizados por la Cancillería Nacional, decisión que marca el fin de la fricción que, en palabras del ministro, “trancó la revisión del Anexo C que veníamos muy bien”.
Paraguay se sentará a la mesa con una visión que, según Giménez, son “nuevas realidades”. Una de ellas es la inminente llegada de Paraguay al 50% de utilización de la energía de Itaipú que le corresponde. “Antes a Paraguay le sobraba potencia y le sobraba por mucho tiempo más, y ahora ya no es así”, sentenció, alertando sobre el rápido cierre de esta “ventana” debido a un crecimiento de la demanda eléctrica del 18% anual, uno de los más altos del mundo.
A este escenario se suma una producción decreciente de energía por problemas hídricos, atribuidos a factores climáticos y a la gestión de represas aguas arriba por Brasil.
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Giménez enfatizó que en este contexto, la ANDE enfrenta el “mayor desafío de la historia de su existencia”: dotar al país de la capacidad de transmisión y distribución necesaria para el desarrollo industrial. La revisión del Anexo C, por tanto, deberá tener un “enfoque muy particular, dándole prioridad a la ANDE, que es la empresa más estratégica que tiene el Paraguay para desarrollarse económicamente”.
El ministro abordó la cuestión de la tarifa, planteando un difícil equilibrio entre una energía más competitiva para la industria y el mantenimiento de los fondos de “gastos sociales”. Estos últimos, provenientes de la tarifa actual de 19,28 US$/kW-mes, representan US$ 650 millones anuales que el Gobierno destina a proyectos de salud, seguridad e infraestructura, dijo.
Según Giménez, se debe encontrar un “nivel óptimo” que satisfaga tanto las necesidades de la ANDE como las inversiones sociales, sin caer en la dicotomía de una tarifa a costo cero.
Finalmente, Giménez también incluyó en la agenda la necesidad de que la ANDE asuma su parte, controlando las “pérdidas del 30% de toda la energía que compra”, y revisando la actual estructura tarifaria.