El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, señaló que el mecanismo de factoraje que prevé implementar el Gobierno para el pago parcial de la deuda que tiene con las constructoras ayudaría a las constructoras a obtener recursos, sin embargo advirtió que la solución de fondo ante el problema que se plantea es evitar licitar obras por encima de la capacidad de pago del Estado.
“Lo que se tiene que hacer es ejecutar lo que se tenga disponible, no licitar más de lo que se puede pagar. Eso creo que es importante para que no haya más un desfase tan grande de aquí a futuro”, explicó.
Actualmente, el Estado mantiene una deuda cercana a US$ 360 millones con constructoras, mientras que el esquema de factoraje, inicialmente, permitiría a las empresas cobrar unos US$ 150 millones de los compromisos pendientes.
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Factoraje con garantía soberana
Sarubbi añadió que el mecanismo se basa en la cesión de derechos de cobro de las empresas a los bancos de plaza locales, que adelantarán el pago de los certificados pendientes y luego recuperar el dinero cuando el Estado cumpla con sus obligaciones.
Indicó que hay una ley aprobada sobre el factoraje - la Ley N.° 6542/2020 - y que actualmente se trabaja en su reglamentación, proceso que estaría terminado en 30 días, aproximadamente, según se comprometió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El dirigente vial destacó que la principal ventaja del esquema es que contará con garantía soberana del Estado, hecho que permitiría acceder a mejores condiciones financieras.
“A diferencia de las cesiones que se habían hecho en otras ocasiones, que no tenían garantía soberana, ahora las condiciones van a ser mejores y menos onerosas. Lo importante es tener disponibilidad en el corto plazo para oxigenarnos y cumplir con proveedores”, explicó.
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Método ya implementado por el Gobierno anterior
Sarubbi recordó que durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, con el factoraje aplicado las empresas, asumían directamente la responsabilidad de las cesiones de deuda, hecho que consumía sus líneas de crédito y elevaba sus costos financieros.
“Las empresas, en su mayoría, ya no tienen líneas de crédito y las tasas eran mayores, porque el riesgo aumentaba al tratarse de firmas endeudadas”, afirmó. Con la garantía estatal, añadió, las tasas deberían ser más convenientes y facilitar el acceso al financiamiento.
No obstante, el titular de Cavialpa advirtió que el factoraje no será suficiente si no es acompañado por pagos efectivos del Estado y de una planificación acorde con la disponibilidad presupuestaria.
En ese sentido, señaló que el sector deberá trabajar con el MOPC para analizar el presupuesto 2026, los cronogramas de contratos y las necesidades de financiamiento con el fin de ajustar los proyectos a los recursos existentes.
“En pocas palabras, no hacer más de lo que se pueda pagar, porque al final se vuelve a aumentar la deuda”, explicó.
También destacó la necesidad de mayor previsibilidad para el sector y de contar con herramientas financieras que permitan cubrir retrasos en los pagos estatales.
Intereses acumulados
Sarubbi reconoció que la aplicación de cesiones de deuda en el pasado generó elevados intereses —superiores a US$ 100 millones— debido al arrastre de pagos y refinanciaciones, situación que aún sigue pendiente.
Para evitar que esto vuelva a ocurrir, insistió en que el Estado ajuste la ejecución de obras a sus ingresos y utilizar herramientas financieras solo como mecanismos complementarios.
Asimismo, mencionó que hay un compromiso estatal de continuar con pagos mensuales, parciales, a las empresas constructoras, aunque admitió que los montos actuales no son suficientes para reducir significativamente la deuda acumulada.