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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentó recientemente una acción de “certeza constitucional” ante la Corte Suprema de Justicia, una figura jurídica que según los entendidos ni siquiera existe en nuestra normativa. Su objetivo es tratar de validar la polémica licitación de ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi, vía asociación público-privada (APP). Siguiendo en esa misma línea de acción, el ministro Jiménez Gaona declaró ayer a Radio Uno que “se presentó un pedido de certeza constitucional buscando establecer el alcance de las decisiones que puede tomar la Contraloría”.
“Las competencias de las instituciones deben estar claramente definidas. En países de la región donde la competencia de la Contraloría, por ejemplo, no está bien definida y la Contraloría se convierte en una súper institución, al final lo que ocurre es que se termina convirtiendo en una estación de peaje en donde hay que pasar sí o sí por ahí para sacar proyectos y ese no es el país que estamos construyendo, no es la visión de país, no va a atraer la inversión”, dijo el secretario de Estado.
Ministro habla de “peaje” de la Contraloría
En la entrevista no se le preguntó por qué recurren a una figura inexistente ni tampoco se le señaló las críticas a la licitación de referencia, en la que el mismo Pliego estableció que la convocante puede descalificar a las oferentes con incumplimientos. En este caso, la virtual adjudicada, la española Sacyr, tiene procesos contractuales abiertos en varios países y aun así, no fue descalificada. También pesa sobre ella un informe emanado del Congreso, sobre su falta de capacidad financiera para llevar adelante inversiones previstas. ABC busca esas respuestas de Jiménez Gaona pero éste hace tiempo no habla con este diario.
No obstante, ayer conversamos con el contralor general, Abog. Enrique García, para tener su respuesta sobre los dichos del ministro, y este aseguró que no se trata de un problema de “oscuridad del orden normativo”. “La figura de la Contraloría general aparece en el diseño constitucional del año ‘92 con perfiles muy claros, con prerrogativas de control, de fiscalización, de auditoría de los recursos públicos a través de la gestión de los organismos y entidades del Estado”, resaltó.
Pide leer Constitución
“Me parece grave que un funcionario de alta gerencia del Gobierno se exprese como se expresa el ministro de Obras. En realidad necesita leer desde el inicio la norma constitucional para encontrar lo que cree él que no existe. Pretende la declaración de inconstitucionalidad del dictamen (de la CGR, que pide anular la licitación) o de la ley que ordena y autoriza el dictamen o del decreto que organiza al estilo particular de este Gobierno el sistema de licitación en la APP aeropuerto. Entonces, hay cuestiones que están encubiertas, que están muy mal montadas o hay mucha torpeza y desde luego hay mucha soberbia”, aseveró.
El contralor lamentó el nivel de debate que pretende instalar Jiménez Gaona, “al no encontrar una Contraloría dócil y complaciente que por lo visto es lo que esperaban tener”. “No somos palos en la rueda de un diseño ni de un estilo de gestión, pero sí vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es controlar, y en la medida en que haya cuestiones que necesitamos objetar, porque a eso responde nuestra función constitucional, es lo que vamos a hacer. No aceptamos que la verdad esté solamente del otro lado ni los agravios que nos coloca gratuitamente la presentación del MOPC ni la antojadiza manera en que razona el ministro de obras cuando se refiere a este tema”, finalizó.