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La acción declarativa de certeza constitucional que planteó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) busca excluir definitivamente a la Contraloría como entidad de auditoría y fiscalización, de los procesos de licitación bajo régimen de Alianza Público-Privada (APP), según fuentes jurídicas consultadas y según se lee en la presentación hecha por el MOPC ante la sala constitucional de la Corte.
Si bien la acción fue presentada como una estrategia para obtener una declaración que le permita adjudicar el aeropuerto a un consorcio, aún cuando existe un dictamen de Contraloría que recomienda cancelar el proceso, una vez obtenida esa declaración el MOPC podrá utilizarla para excluir a la institución constitucionalmente fiscalizadora de las cuentas públicas, de cualquier proceso APP que en adelante conduzca.
En efecto, en la acción planteada el MOPC no especifica el caso aeropuerto, sino que pide una declaración “que fije de manera categórica y terminante que la Ley 5102/13, de Alianza Público-Privada (APP), siendo ella de fondo y forma no requiere dictamen previo de la Contraloría General de la República”.
El dictamen de la Contraloría que “molesta” al MOPC recomendó la cancelación de la licitación para la APP del aeropuerto, tras comprobarse en una auditoría una serie de irregularidades de parte de la propia entidad convocante de la licitación, es decir, el MOPC.
Algunas de esas irregularidades tienen que ver con la producción de dictámenes “a medida” para favorecer al consorcio que hoy está más cerca de ganar la licitación: Sacyr-Agunsa.
Sacyr, la empresa española que integra el referido consorcio, es una empresa con antecedentes de incumplimiento en varios países del mundo.
Ministra de la Corte se opuso
La ministra Gladys Bareiro de Módica dejó sentada su oposición a que se diera trámite a la acción planteada por el MOPC, argumentando que la Constitución no menciona que sea atribución de la Corte evacuar consultas constitucionales.
Dice la ministra que sí le corresponde a la Corte pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los actos normativos y resoluciones, pero que claramente este no es el caso.