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La mafia del narcotráfico ha permeado tanto las entidades estatales, incluyendo las encargadas de combatirla o de sancionar leyes para el efecto, que el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, imputado y recluido desde 2022 por asociación criminal, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, llegó a presidir la Comisión de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Cámara Baja. El Estado “duerme con el enemigo”, sin que muchos de sus funcionarios se incomoden, pues ya tienen la conciencia blindada contra las exigencias de la ley y de la moral. Tal es el caso de quienes al parecer han venido siendo sobornados para encubrir inmuebles del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, extraditado a su país en 2017, donde sufre una pena de 23 años, ocho meses y 20 días de prisión, tras haber cumplido una de ocho años en una confortable celda paraguaya.
Los pagos ilícitos constan en una “planilla de documentos” incautada en el país vecino en mayo del 2020, en el domicilio donde guarda arresto Luan Pavão Nascimento, hijo del capomafioso; la planilla llegó en junio de 2021 a manos de la Secretaría Nacional Antidrogas, la que un año después alertó al Ministerio Público, para que abra una pesquisa sobre lavado de dinero y asociación criminal. Se inició ahora el operativo “Pavo Real”, que en los últimos días ha conducido al procesamiento de al menos 41 supuestos implicados en una vasta red que supuestamente operó durante largos años para evitar el decomiso de numerosos predios pertenecientes de hecho a Chimenes Pavão. Curiosamente, o no tanto, uno de ellos está casado con la agente fiscal pedrojuanina Katia Uemura, quien dijo ignorar los hechos atribuidos a su cónyuge, Daniel Montenegro.
En la “planilla de documentos” constan tres tipos de desembolsos, explicados textualmente así: 1) “Caja chica” (25.000 dólares), destinada al “pago a la gente de Registro Público, pedidos de certificados para bloqueos, pedidos de informes varios, hacienda, entre otros gastos”; 2) “Pago anual (20.000 dólares) a la gente de Abogacía, Seprelad, Tributación por proteger Grupo Oriental, La Terraza Hotel, Grupo Mediterráneo, entre otros. Ojo esto es muy importante y hay que cumplir con ellos fecha de pago es 20 de noviembre de cada año”; 3) “Honorarios Profesionales, gastos varios, Lans (firma constituida por la madre de Chimenes Pavão), inmuebles, gastos administrativos, entre otros (50.000 dólares)”.
Entre los supuestos colaboradores del capomafioso que ya han sido detenidos no figuran aún aquellos funcionarios de los órganos citados que habrían recibido sobornos periódicos para que el patrimonio mal habido sea preservado, cambiando el registro y la ubicación de un inmueble, impidiendo que las instituciones respectivas reporten al Ministerio Público sobre operaciones bancarias sospechosas o alterando nombres en informes oficiales.
Que unos delincuentes presupuestados hayan cooperado con un narcotraficante convicto dice mucho acerca de la terrible contaminación que afecta al Estado: cometían un hecho punible al cobrar un soborno, al falsear el contenido de un documento público o al frustrar una persecución penal, sin que las operaciones delictivas hayan sido advertidas –salvo que las hayan ignorado también adrede– por los jerarcas de la Dirección General de los Registros Públicos, del Ministerio de Hacienda, de la Abogacía del Tesoro, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes o de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Que el personal y las oficinas estatales se hallen a las órdenes de un alto miembro del crimen organizado dice mucho acerca de una horrenda podredumbre institucional, que no despierta la reacción adecuada de órganos tales como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Contraloría General de la República o el Ministerio Público.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha dicho más de una vez que la mafia ha penetrado en todas las instituciones, pero poco o nada se hace para depurarlas, como si el país ya se hubiese resignado a soportar ese azote. Esa misma afirmación la han hecho también el vicepresidente Hugo Velázquez –designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos– y el actual ministro del Interior, Federico González. Con toda evidencia, no faltan órganos que deben ocuparse de esta gravísima cuestión; lo que sí falta es la voluntad de actuar conforme a la ley para liberar al aparato estatal de las garras del crimen organizado. La sociedad civil debería reclamar con más fuerza que se limpien las entidades públicas, tal como lo han hecho, en el caso comentado, la Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay, al demandar que la Justicia aplique sanciones y que el operativo en curso no sea solo uno de esos “procedimientos ruidosos”, de los que después quedan en la nada.
El operativo “Pavo Real” deja en evidencia la amplia red de penetración que tenía un solo capomafioso –brasileño, que vivió en nuestro país– en las instituciones públicas. Y dado que como Pavão hay muchos más, es inimaginable el volumen de dinero sucio que debe correr por las instituciones para ponerse a disposición del crimen organizado, incluyendo a aquellas que deben combatirlo. Si en su momento una propia comisión interna del Congreso denunció a varios legisladores de presuntos vínculos con el narcotráfico, sin que nadie moviera un dedo para investigarlos en serio, y ahora se repite la historia, ya podemos ir pensando que vivimos en un narcoestado.