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La Contraloría General de la República (CGR) informó a la bicameral Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado que en el Ejercicio 2022 detectó indicios de hechos punibles que causaron al erario un daño patrimonial de al menos 3,3 billones de guaraníes (445 millones de dólares), en dos organismos de la administración central y en sesenta y dos de la descentralizada. No sorprende que entre los primeros sobresalga el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y entre los segundos el Instituto de Previsión Social (IPS), dirigidos en aquel entonces por Rodolfo Segovia y por Vicente Bataglia, respectivamente. En el MOPC se habría malversado un total de 7.482 millones de guaraníes en las obras de alcantarillado en Areguá y en el subsidio al transporte de pasajeros; en tanto que la entidad previsional no habría podido justificar el gasto de 1,7 billones de guaraníes (218 millones de dólares) en el pago a firmas proveedoras, en la compra de bienes, en el consumo de combustibles y en la construcción del hospital Ingavi. Lamentablemente, este tipo de denuncias sobre presuntas “tragadas” millonarias ya se han realizado en el pasado, sobre todo en el inicio de cada nuevo gobierno, pero los resultados han sido muy escasos.
En cuanto a los gobiernos departamentales, la CGR reportó que la palma en materia de corrupción se la llevó el de Guairá, dirigido por Juan Carlos Vera (ANR, cartista), con 1.640 millones de guaraníes “invertidos” en la alimentación escolar. Entre las municipalidades encabeza la lista la de Ciudad del Este, administrada por Miguel Prieto (Yo Creo), con 8.937 millones de guaraníes que habrían sido mal empleados, por así decirlo, en cajas de alimentos, transferencias a comisiones vecinales, pagos a personal sanitario y verificación de obras públicas, a lo que se agrega una suma indeterminada por “incumplimiento de pliego de bases y condiciones”.
La investigación de la CGR no abarcó los 412 organismos estatales, entre los que figuran 261 municipalidades y 17 gobernaciones; desde luego, si lo hubiera hecho, habría constatado que la corrupción causó en un solo año un perjuicio patrimonial mucho mayor que el referido. Con todo, sus alarmantes hallazgos ya sirven para tener una idea del descomunal saqueo cotidiano del dinero público, en los tres niveles político administrativos: se roba a mansalva, casi con toda impunidad, sin que las entidades de control sirvan para prevenir el delito, y los agentes fiscales y los jueces para castigar a sus autores. En efecto, además de la CGR, existen una Secretaría Nacional Anticorrupción, que el presidente Santiago Peña querría eliminar; un Congreso, unas Juntas municipales y departamentales, una Auditoría General del Poder Ejecutivo, una Defensoría del Pueblo, una Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y una Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que deberían poner bajo la lupa a los “ordenadores de gastos”, mientras el Ministerio Público y la judicatura se ocupan de aplicar la ley penal.
Es probable que la inoperancia reinante se deba a que también esos órganos están podridos en gran medida, aunque debe admitirse que en los últimos tiempos el contralor general Camilo Benítez, que pide una autonomía y un presupuesto mayores, está dando muestras de querer hacer bien las cosas. El reporte en cuestión, que habla de una “sospecha razonable” de hechos punibles, fue aprobado por la comisión presidida por el senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista) y recibido luego por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien se apresuró a señalar que el documento no contiene evidencias y que, por ende, las investigaciones del Ministerio Público serán prolongadas. En verdad, el titular del Ministerio Público despierta pocas esperanzas con sus manifestaciones de esta naturaleza.
Se hubiera creído que la CGR ya habría realizado el trabajo en buena medida, recogiendo indicios en los documentos examinados y constatando que faltaban otros para que respaldaran el gasto. Da la impresión de que se está abriendo el paraguas y de que las pesquisas pueden terminar en la nada; las causas que llegaran a abrirse podrían prescribir, más aún atendiendo las previsibles chicanas sistemáticas de los acusados, habitualmente toleradas. Hace un mes, el senador Basilio Núñez (ANR, cartista) justificó el aumento de las dietas de los legisladores con la excusa de que así no serían coimeados; es decir, que habría que premiarlos y esperar que en adelante se vuelvan honestos. Como a este paso aparentemente no dejarán de delinquir, lo atinado sería hacerles sentir con prontitud los rigores de la ley penal.
El documento emitido por la CGR debe acarrear consecuencias. No se trata de un mero ejercicio de auditoría, sino de una exposición fundada de hechos punibles perpetrados en la función pública, cuyas víctimas indirectas, de carne y hueso, se cuentan por millares. El Estado no debe seguir siendo algo muy parecido a la cueva de Alí Babá, debido al descontrol y a la impunidad.