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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e Itaipú firmaron un convenio denominado “Plan 1.000″, que promete pavimentar mil kilómetros de calles urbanas con 100 millones de dólares de “fondos sociales” de la binacional. Según el director paraguayo de la entidad, Justo Zacarías Irún, un tercio del dinero será para empedrados y adoquinados, y dos tercios para pavimentación con asfalto y hormigón, y el plazo previsto de ejecución es de 12 a 18 meses. ¡Oh, casualidad!, exactamente en coincidencia con las internas y las elecciones municipales, previstas para junio/julio y octubre, respectivamente, del año que viene.
De acuerdo con lo manifestado por la ministra Claudia Centurión, el plan surgió “tras recorrer el país” y consultar con “las autoridades locales de los 270 municipios”. Lo que no se informó es qué municipios serán supuestamente beneficiados, en qué proporción, con qué criterios, bajo la administración de qué intendentes, y, muchísimo menos, cómo se designará a los contratistas, quién y cómo fiscalizarán las obras y cómo hará la ciudadanía para conocer a ciencia cierta los kilómetros efectivamente construidos y, sobre todo, a qué calidad y precio.
Desde luego, jurarán que habrá plena transparencia y, como ya afirman, que se contratará a pequeñas y medianas empresas en igualdad de oportunidades y sin injerencia política, pero esa no es la historia de Itaipú, un paraíso de sobrefacturaciones y corrupción, fuente de enormes fortunas particulares malhabidas, empezando por su propia construcción, que terminó costando la sideral suma de 63.500 millones de dólares, fuera de cualquier parámetro internacional.
Por citar un ejemplo, nunca se explicó por qué la línea de 500 kV Hernandarias-Villa Hayes, realizada mediante Itaipú tras el “acuerdo Lugo-Lula”, costó el doble que la línea Ayolas-Villa Hayes, realizada a traves de licitación del Estado paraguayo, dos obras de características casi idénticas en la misma época, de distancia similar y sin diferencias topográficas sustanciales.
Y para quienes aleguen que todo eso era cosa del pasado, ahora mismo se presenta un nuevo escándalo con estos mismos “fondos sociales”, con la provisión de 328.000 muebles escolares por 38 millones de dólares. La licitación se suspendió para cambiar las especificaciones y hacer que solo una empresa, que no es del rubro, pueda cumplirlas (estamos hablando de pupitres, no de alta tecnología) con muebles chinos previamente importados que, por arte de magia, son los únicos que se adecuan a los nuevos requisitos en el tiempo establecido. De esta manera no solamente se direccionó la contratación y se discriminó a la industria nacional, sino que la firma Kamamya SA, del ciudadano Long Jian, dedicada a la venta de edredones, compró los muebles en la República Popular China por 15 dólares promedio/unidad y se los vende a Itaipú por 96, con un margen de casi 600%, suficiente para “compartir”.
En el caso del “Plan 1.000″, ya surgen algunas inconsistencias llamativas. Si se va a usar un tercio del monto, o sea 33 millones de dólares, en empedrados, a precio de mercado (entre 30.000 y 50.000 guaraníes el metro cuadrado) eso ya debería alcanzar para pavimentar más de 1.000 kilómetros de calles urbanas, que es la meta propuesta. ¿Para qué entonces los otros 66 millones de dólares? Una de dos: o serán empedrados y asfaltados de oro o directamente se comerán la plata.
Los llamados “fondos sociales” de Itaipú de los que tanto se jacta este Gobierno son financiados parcialmente por la ANDE –mejor dicho, por los consumidores nacionales de electricidad–, que le está pagando a Itaipú una tarifa más alta de la que corresponde para generar una diferencia que es dividida en partes iguales por Paraguay y Brasil. Como Itaipú se considera una especie de “supra-Estado” no alcanzado por la Constitución Nacional, estos gastos son discrecionales, manejados poco menos que como fondos reservados del Presidente de la República, no ingresan al Presupuesto General, no se encuadran dentro de un orden de prioridades y no se someten ni a los mecanismos de asignación ni a los controles institucionales de la República.
Por lo tanto, no existe ninguna garantía de su correcta utilización, como tampoco posibilidades de verificar posibles tragadas, más que confiar en la dudosa reputación de personas como Justo Zacarías Irún. Sin duda se harán algunas obras con el “Plan 1.000″, que serán oportunamente inauguradas por intendentes cartistas que busquen el rekutu o poner a sus delfines, dentro de la campaña política del oficialismo de cara a las próximas elecciones municipales. Pero, si nos atenemos a la triste experiencia, la parte del león terminará en otra feroz repartija del dinero de los paraguayos.
