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El escándalo generado por la licitación pública realizada por Itaipú Binacional para la compra de muebles escolares no inquieta al Gobierno, porque el misterioso ganador chino o paraguayo, llamado Long Jiang o Aaron Bruno Jiang, de 54 o 46 años de edad, está vinculado con las altas esferas y en particular con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien afirma con descaro que el dueño de los aviones que usó más de una vez en campañas electorales ganó con todas las de la ley, pese a las evidencias en contrario. La grosera manipulación perpetrada también contra la industria nacional compendia aparentemente las corruptelas habituales en la materia, como la adecuación del pliego de bases y condiciones a las conveniencias de un interesado que recibe información privilegiada y el aumento del costo probablemente para retribuir el servicio prestado por la entidad convocante, que en este caso pagará en total 248.713 millones de guaraníes –casi 32 millones de dólares– por un mobiliario metálico que no valdría más de 39.250 millones de guaraníes –unos cinco millones de dólares– y que fue comprado en la República Popular China, país con el que el nuestro no mantiene relaciones diplomáticas.
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, cartista), sostiene que las muy graves denuncias hechas incluso por sectores empresariales implican un “ataque directo y político al buque insignia del futuro del movimiento Honor Colorado”, lo que, desde luego, no conlleva necesariamente que sean falsas. Por lo demás, llama la atención que el cartismo se haya abroquelado en defensa de lo que parece ser un negociado de grandes proporciones, según fuertes indicios. En efecto, la mayoría con que cuenta en la Cámara Baja rechazó con fervor –mentando incluso la xenofobia– un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a suspender el proceso licitatorio y otro que lo exhorta a pedir la renuncia inmediata de Justo Zacarías Irún, director general paraguayo de la entidad binacional. En verdad, sería raro que Santiago Peña intervenga en este asunto en uno u otro sentido, pues el Consejo de Administración, que avaló las decisiones tomadas, está integrado también por los ministros Claudia Centurión, Carlos Fernández Valdovinos, Javier Giménez y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno: el penúltimo se habría abstenido de votar en la sesión pertinente y el último se habría ausentado.
En otros términos, como el Presidente de la República está involucrado al menos de un modo indirecto, cabe atribuirle la responsabilidad política emergente de la presunta corruptela en cuestión, de la que se atrevió a enorgullecerse en un acto público, atribuyendo las críticas al “mal hábito de la envidia, el revanchismo y la falta de solidaridad”, sin negar la veracidad de los datos revelados. Si aquí hubo un “mal hábito” fue más bien el de favorecer a cierto oferente y acaso también a los propios decisores, en contra del bien común. Los “gastos sociales” de Itaipú Binacional siguen siendo gestionados con toda discrecionalidad, sin la menor intervención del Congreso: no están incluidos en el Presupuesto nacional y su empleo escapa hasta hoy al examen de la Contraloría General de la República, que debe insistir en revisar sus cuentas para precautelar el buen uso del dinero público.
Es obvio que si se cometen hechos punibles, como el soborno o el tráfico de influencias, el Ministerio Público tiene que intervenir cuanto antes, porque las entidades binacionales no gozan de extraterritorialidad, es decir, están sometidas a los alcances del Código Penal, siendo inadmisible que sus licitaciones públicas fraudulentas queden impunes. La Fiscalía finalmente ha enviado el caso a la Unidad de Delitos Económicos, ante una denuncia de parlamentarios, y es de desear que esta no lo envíe al “freezer” y el asunto se diluya con el tiempo.
Este repugnante caso tiene un fuerte contenido político, dado que el cartismo trata de justificar a toda costa esto que parece un amaño, dando la impresión de que sus líderes tienen un interés personal directo. Pocas veces se ha visto que un proceso licitatorio, como el que adjudicó un contrato a quien parece utilizar documentos de identidad de contenido falso, sea defendido con tanta firmeza en sede parlamentaria. Sin duda, los “gastos sociales” malgastados en esta operación de ribetes delictivos podrían haber tenido mucho mejores destinos, razón de más para que dichos recursos sean incluidos en el Presupuesto nacional, aunque no se pueda confiar a ciegas en el sano criterio del Congreso ni en su correcta ejecución.
De lo que se trata es de que los Consejos de Administración de las entidades binacionales no deben continuar haciendo lo que les dé la gana, como eso de manipular contrataciones en beneficio de allegados al poder político de turno, a menudo confabulado sin disimulo contra el interés general. Es curioso, en fin, que el Jefe de Estado atribuya la “falta de solidaridad” precisamente a quienes censuran dicha práctica, como si su escala de valores estuviera invertida: tendría que revisarla, por el bien de sus castigados compatriotas.
