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Prestamente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió una licitación de la Municipalidad de Ciudad del Este para la adquisición de muebles escolares importados de la República Popular China a un precio de 22 dólares cada juego de mesa y silla, pero, con la misma presteza, se declara incompetente para entender en la compra de muebles de características comparables y del mismo origen en Itaipú por 100 dólares el kit.
La Fiscalía, por su parte, que rápidamente actúa de oficio cuando se trata de algún tema de interés del poder de turno, y que acaba de protagonizar un hecho bochornoso al imputar contra viento y marea a exfuncionarios de seguridad como parte indisimulada de una “vendetta” del cartismo, no se dio por aludida ante los evidentes y públicos indicios de sobrefacturación, ni de producción de documentos de contenido falso, sino que se vio forzada a tomar la denuncia de un sector de la oposición parlamentaria y trasladarla al “cajón” de la Unidad de Delitos Económicos.
Tampoco se pronunció la Contraloría General de la República, cuya función constitucional es el “control, vigilancia y fiscalización” de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, dentro de lo cual taxativamente se incluye a “las empresas o entidades multinacionales de cuyo capital participe el Estado de manera directa o indirecta”.
Agustín Encina, titular de la DNCP, dijo que su institución “por ley” no puede intervenir en la licitación por compra de pupitres chinos en Itaipú. “Es una binacional, no hay ningún órgano administrativo que pueda parar este proceso. Estos procesos licitatorios no tienen reconsideraciones ni posibilidad de protestas”, señaló.
Culpó de ello a los parlamentarios. “Los legisladores son los que han excluido estos procesos a través de las diferentes leyes que han salido en materia de contrataciones públicas. Siempre fueron ellos los que excluyeron este tipo de procesos y, lastimosamente, la DNCP está fuera, entonces mi opinión poco y nada puede valer cuando ya al inicio nos han dejado sin la posibilidad de que esos procesos puedan ser motivo de apelación ante algún órgano del Estado”, dijo.
Desde luego existen esos artículos y sin duda las mayorías oficialistas y sus satélites en el Congreso se aseguraron muy bien de exceptuar a las vacas lecheras binacionales del control público, pero lo que no dice Encina es que nada en el ordenamiento jurídico, ninguna ley, ningún tratado, está por encima de la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, y no hay una sola referencia en ella que les faculte a las binacionales y a sus consejos de administración a constituirse en un Estado dentro del Estado y gozar de plena impunidad administrativa al punto de que “ningún órgano estatal” pueda intervenir.
Es más, ni siquiera el Tratado de Itaipú, que está por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley en el orden de prelación, prohíbe expresamente en ningún sitio que las Altas Partes Contratantes puedan ejercer su jurisdicción para controlar y actuar ante posibles irregularidades o presuntos hechos punibles cometidos en la entidad, lo cual equivaldría a una inaceptable renuncia de la soberanía.
Y, finalmente, se impone el simple sentido común. La “binacionalidad” es una entelequia, no puede ser usada como una excusa para delinquir. En última instancia, Itaipú es una empresa pública en un 50% paraguaya, patrimonio de todos los paraguayos. Por ende, los “fondos sociales” no son donaciones de ningún tercero, sino recursos nacionales que, para más, son financiados parcialmente por la ANDE y los consumidores domésticos de electricidad. ¿Con qué derecho el director o el Presidente de la República o quien sea pueden disponer a su antojo de los mismos sin posibilidad de control del Estado, de reconsideraciones o de protestas?
La Dirección de Contrataciones, la Contraloría, el Ministerio Público, la Justicia y todos los demás órganos estatales deben enarbolar la Constitución y combatir la corrupción, no simplemente conformarse, alzar las manos y exclamar mansamente “no judiciable”, como en la época de la dictadura, no importa cuántos artículos hayan introducido de prepo los parlamentarios. Lo que esperan los ciudadanos de sus instituciones es que se pongan de su lado, no en el de la casta política que medra desembozadamente con la repartija.
