Cargando...
El 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Expresión, ya que desde 1993, la Asamblea General de la ONU reconoció este derecho como el eje transversal para el fortalecimiento democrático y el medio para la realización de otros derechos humanos. Pero ya desde 1985 la Corte Interamericana había considerado a la libertad de expresión como “la piedra angular de la democracia”, es decir, sin libertad de expresión no existe democracia, y sin democracia no existen respeto a los derechos humanos.
Es por ello que cada vez que el Estado, a través de cualquiera de sus tres poderes amenaza con la restricción a la libertad de expresión, el pueblo debe estar alerta y entender que inevitablemente se pone en juego la vigencia de la democracia. Y las amenazas constantes del presidente Santiago Peña al trabajo periodístico, a los medios de comunicación críticos a la labor del Gobierno o a las publicaciones en las cuales no encuentra vanagloria, no son precisamente la mejor manera de defender la libertad de expresión y, por ende, las bases de una democracia sólida.
No se puede dejar de recordar una de las primeras grandes afrentas del presidente Peña a la libertad de expresión, cuando apenas unos días después de refrendar la Declaración de Chapultepec y expresar a boca llena ante la comunidad internacional el apoyo de su Gobierno a la libertad de prensa, reaccionó de manera ofuscada y acusó a ABC Color de impulsar una campaña de mentiras, apuntando con el dedo al periodista que lo entrevistaba. Esta irracional actitud se produjo al ser interrogado sobre un posible conflicto de intereses que podría tener al ser accionista de ueno Holding, y manejar este dinero de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), ya que dicha información, que con el tiempo se confirmaba, había recién saltado a la palestra de lo público.
Muy lejos de garantizar la libertad de expresión, de la cual se ufanaba ser protector, Peña demostraba con esto que, al ser descubierto en posibles conflictos de intereses con adjudicaciones de las empresas en las cuales poseía bonos y acciones en contratos con el Estado, echaría mano de una vieja estrategia: culpar a la prensa de perseguirlo. Sin embargo, el único perjudicado es el pueblo que queda sin recibir la información de boca de su presidente, quien hasta ahora sigue sin explicar por qué utilizaba el helicóptero de las fuerzas armadas con recursos del pueblo para ir a controlar la construcción de su mansión en San Bernardino, o qué piensa de los audios filtrados del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes y que salpicaron a ministros de su primer anillo, como los hermano Marcos y Liliana Alcaraz. No se puede olvidar que su única frase al respecto, al ser consultado fue: “Deporte, papá”, significando que los grandes escándalos de presunta corrupción o incluso narcopolítica en Paraguay pasan a un segundo plano y no merecen una postura institucional de su parte, mucho menos conversar con el pueblo a través de la prensa.
Pero el Poder Ejecutivo no fue el único enemigo de la libertad de expresión en los últimos tiempos. También el Poder Legislativo dio dura batalla a la libre circulación de la información y puso, cada vez que le cupo la oportunidad, mayores trabas al acceso a la información pública. En este sentido, no se puede dejar de mencionar los graves casos de nepotismo y contratos de toda la parentela política para ocupar cargos con salarios millonarios, sin reunir los requisitos mínimos para ocupar un puesto en la función pública, ya que muchos de los “nepobabies, neponueras, nepoyernos, nepoamantes y nepoamigos” contratados, carecen de título universitario, y aun así ocupan cargos previstos para profesionales.
Uno de los principales responsables de convertir el Congreso Nacional en una “agencia de empleos” fue, sin dudas, su propio presidente, Basilio “Bachi” Núñez, que logró sumar en su haber de contratos irregulares a sobrinas, amigas y muy “apreciadas” conocidas, que lograron saltar exponencialmente la barrera del salario acorde a las matrices y la formación académica. Sin embargo, cada vez que “los representantes del pueblo” son consultados por la prensa sobre estos contratos, para rendir explicaciones a la ciudadanía, se excusan diciendo que se debe recurrir a través de las consultas al departamento de recursos humanos, olvidando que la labor periodística para el ejercicio de la libertad de expresión es tan solo un canal de comunicación con la ciudadanía, y a quien realmente dan cuentas es al pueblo, por lo tanto, negarse a hacerlo es convertir el discurso de respeto a la libertad de expresión en frases vacías y letra muerta.
Como si todo fuera poco, recientemente Núñez anunció que se ocuparía de regular el impacto de la inteligencia artificial en el derecho, es decir, este médico que funge de presidente del Congreso y que hasta ahora no ha hecho más que premiar a sus “BACHIlleres” en altos cargos con jugosos salarios, será el encargado de determinar el futuro del derecho y las relaciones humanas, la libertad de expresión y el flujo de la información a través de la inteligencia artificial. Probablemente la sociedad paraguaya enfrente una de las mayores batallas contra restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y de prensa en el siglo de la inteligencia artificial.
Finalmente, el gran responsable de velar porque los derechos violados sean reestablecidos es el Poder Judicial, sin embargo, las esperanzas en la justicia independiente e imparcial parecen desvanecerse cada vez más. El escándalo desatado con la filtración de mensajes del celular del fallecido diputado Gomes salpicó al expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Orlando Arévalos, quien estaba al frente de la institución juzgadora de jueces y fiscales, y quien con ese poder tenía la posibilidad de obtener favores, lograr condenas a inocentes y absoluciones a culpables, ya que esos mensajes evidenciaron una fuerte relación con fiscales y jueces, algunos apartados de sus cargos, otros, como el ministro de la Corte César Diesel, también mencionado en los mensajes, ocupando la más alta magistratura del país.
Jueces de paz, hoy muchos de ellos imputados por pertenecer a una “mafia” de cobro irregular de pagarés, también hicieron gala de su desconocimiento a los principios rectores en materia de libertad de expresión, incluso imponiendo censura previa a medios de comunicación por pronunciarse sobre hechos de corrupción e impidiendo de esa forma que se garantice el derecho ciudadano de acceso a la información pública.
Y es así como el mensaje que envían los tres poderes del Estado es de desprecio absoluto por la libertad de expresión y el trabajo de la prensa para garantizarlo, dejando las puertas abiertas para que nuevos hechos de violencia contra periodistas puedan ser cometidos por el crimen organizado, quien, al igual que muchas de nuestras autoridades, está interesado en que las cosas no salgan a la luz.
Es por eso que hoy no es un día cualquiera. El Día Mundial de la Libertad de Expresión nos recuerda que sin ella no existe democracia, y sin democracia, nos espera una historia oscura que no podemos repetir, ¡NUNCA MÁS!