Se cumplió “sin novedades” el nuevo plazo del 31 de mayo que se había establecido con Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Es insólito que las negociaciones estén suspendidas a instancias de Paraguay, que, en teoría, debería ser el más interesado en cambiar los términos de una relación históricamente desventajosa en el aprovechamiento del potencial energético del río Paraná, un recurso natural supuestamente compartido en mitades iguales. Pero es muy extraño que sea Brasil el que insista en reanudar las tratativas para cerrar un acuerdo, cuando la situación actual le es altamente conveniente. ¿Qué le prometió el Gobierno de Santiago Peña, qué estarían a punto de acordar?
Paraguay suspendió unilateralmente las negociaciones el 1 de abril, hace ya dos meses, “hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes sobre la acción de inteligencia ordenada contra nuestro país en 2022”, según el comunicado emitido ese día por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de una operación de espionaje revelada por una investigación periodística, llevada a cabo por la Agencia Brasileña de Inteligencia, que intervino comunicaciones electrónicas de funcionarios paraguayos para anticipar cuál sería la posición de nuestro país justamente en relación con el nuevo Anexo C y la tarifa de Itaipú.
En declaraciones extraoficiales, el Gobierno de Lula da Silva reconoció que hubo un operativo (que, por otro lado, no tiene nada de sorprendente) ordenado por su antecesor, Jair Bolsonaro, en junio de 2022, pero aseguró que se interrumpió en marzo de 2023, lo que indica que continuó al menos tres meses durante el mandato del actual presidente, iniciado el 1 de enero de ese año. Sin embargo, nunca lo admitió formalmente ni dio las “aclaraciones” solicitadas por el Gobierno paraguayo. Un vocero de la Cancillería consultado esta última semana por periodistas de ABC dijo que “no hay nada nuevo, Brasil todavía no respondió, se espera que lo haga en breve”.
Entretanto, según trascendió, el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, sostuvo en una reunión del directorio de Itaipú que el congelamiento de las tratativas constituye un “incumplimiento” del acuerdo tarifario firmado en mayo del año pasado, en el cual se menciona que las negociaciones sobre el nuevo Anexo C estarían concluidas antes del 31 de diciembre de 2024, plazo que luego fue extendido hasta el 31 de mayo de 2025. El alto funcionario habría advertido que, si no hay avances, dicho acuerdo tarifario podría quedar sin efecto, con lo cual se retornaría a la tarifa de US$ 16,19 por kilovatio/mes, en vez de la pactada de US$ 19,28 por KW/mes, que permite una diferencia en “fondos sociales” a ser dividida en partes iguales por los dos países.
Llama mucho la atención que sea Brasil el que le exija a Paraguay la revisión del Anexo C, cuando debería ser al revés… salvo que, a cambio de un determinado monto de “fondos sociales”, se le hubiera prometido algo que la opinión pública paraguaya ignora y que no condice con las reivindicaciones históricas del Paraguay.
Cuando se firmó el Tratado de Itaipú, hace 52 años, con la falaz excusa de que nuestro país no tenía la capacidad financiera para garantizar su parte de la deuda por la construcción de la central y para contratar su parte de la potencia, se estableció en el Anexo C que la parte no consumida sería “cedida” al socio más poderoso a cambio de una arbitraria e irrisoria “compensación”, lo que le ha permitido al Brasil quedarse con la energía excedente paraguaya prácticamente a precio de costo, por más que la compensación haya tenido algunos pequeños ajustes a lo largo del tiempo.
Esta situación sigue invariable hasta el día de hoy y, cuanto más se extienda, desde el punto de vista de Brasil, mejor. Pero nuestro socio sabe que el plazo de revisión del Anexo C se cumplió el 13 de agosto de 2023, que la (exorbitante) deuda ya está cancelada, que se acabaron las excusas y que Paraguay de pleno derecho puede reclamar a partir de ahora un precio de mercado por sus excedentes.
Sin embargo, el Gobierno de Santiago Peña, en vez de concentrarse en lo principal, puso énfasis en elevar la tarifa (que es la que le cobra Itaipú a la ANDE y a ENBpar) por encima del costo básico, con el fin de obtener una mayor diferencia en forma de fondos sociales. A la luz de los acontecimientos, cabe sospechar que, a cambio, le ofreció a Brasil un trato favorable con el Anexo C, lo que explicaría por qué ahora está tan insistente en que “se cumpla el acuerdo”.
Un inquietante indicio al respecto ya lo había dado Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio, consejero de Itaipú y “vocero” de unas negociaciones que se realizan en secreto. Dijo que “no se va a tocar el tema de la cesión de energía, porque ello requiere modificar el Tratado”. Por supuesto que hay que modificar el Tratado, de eso justamente se trata, ¿o qué exactamente se está negociando?
Paraguay aún tiene alrededor de 20 millones de megavatios/hora anuales de excedentes en Itaipú, un volumen equivalente a la totalidad del consumo nacional, y se estima que todavía tardará hasta diez años en absorber todo su 50% con la demanda doméstica. Brasil ya manifestó que quiere ese sobrante. Para obtenerlo, tiene que pagar por ello lo que vale. Si Santiago Peña está negociando otra cosa a espaldas de la ciudadanía, el “acta entreguista” de Mario Abdo Benítez quedará como un juego de niños.