Brasil se ha beneficiado por partida triple del aprovechamiento del gran potencial energético creado por la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú, un recurso natural supuestamente compartido en partes iguales con Paraguay.
En primer lugar se benefició con la enorme disponibilidad de energía, con lo cual catapultó el desarrollo de sus ricos estados del sur. En segundo lugar, con los altísimos rendimientos financieros como principal acreedor de una deuda que terminó siendo exorbitante, de más de 60.000 millones de dólares, la mayor parte intereses que fueron a parar a las arcas brasileñas. Y en tercer lugar, por quedarse con el 80% de la parte paraguaya prácticamente por monedas.
Paraguay también obtuvo beneficios de Itaipú, sería necio negarlo, pero ni por asomo en la medida que debió hacerlo si hubiese existido un trato mínimamente justo y equitativo. Si se lo mide en costo de oportunidad, con el fruto de lo que le debió corresponder, hoy Paraguay podría haber sido tan rico y desarrollado como el poderoso estado de São Paulo, cuyo producto interno bruto saltó de 79.000 millones de dólares en 1985 a 618.000 millones de dólares en la actualidad.
Desde luego hay otras variables que explican el desarrollo del Brasil, y de São Paulo en particular, pero sin duda la energía, y específicamente la energía de Itaipú, fue y sigue siendo un puntal fundamental, como lo admitió el director brasileño de la entidad, Enio Verri, quien señaló que Itaipú representa el 8,5% del total de la producción de energía del Brasil, pero el 100% del consumo eléctrico del rico sudeste del país.
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En cambio, Paraguay, tras más de cuatro décadas desde que empezó a generar Itaipú (y más de tres, Yacyretá), todavía exhibe una matriz energética en la que apenas poco más del 20% corresponde a electricidad, lo que da una pauta del atraso de la industrialización y de la modernización de su aparato productivo en relación con sus vecinos.
Poca duda cabe de que ello fue inducido por Brasil y Argentina, que necesitaban y aún necesitan la energía paraguaya y les convenía que Paraguay retrasara lo más que se pudiera el aumento de su consumo, para lo cual recurrieron a todo tipo de maniobras abiertas o soterradas, en connivencia con una clase dirigente paraguaya que se mantuvo convenientemente a raya con altos salarios, contratos sobrefacturados y, últimamente, con “fondos socioambientales” para gastos discrecionales de quienes detentan el poder.
De esta manera, en estas cuatro décadas, Paraguay ni impulsó políticas e incentivos para la utilización de su energía, ni ha exigido nunca, hasta el día de hoy, la libre disponibilidad de su parte ni un precio justo por sus excedentes, por cuya cesión ha recibido, en carácter de “compensación”, apenas 4,4 dólares el MWh como promedio en estos 41 años.
Si, de todo lo que produjo Itaipú, a Paraguay le correspondía la mitad, es decir, 1.500 millones de MWh, a un precio muy básico de 50 dólares el MWh (en la región se comercializa a más de 100), ello representa una suma mínima de 75.000 millones de dólares. Si se descuenta lo que Paraguay consumió y lo que recibió de compensación, todavía restan 60.000 millones de dólares. Aun pagando la mitad de la inflada deuda por la construcción de la central, hay por lo menos 30.000 millones de dólares que el país dejó de percibir.
Estos números prueban la expoliación, son indiscutibles, por mucho que intenten maquillarlos. De hecho, las diferencias son mayores si se toman parámetros más realistas. Pero el pasado no se puede cambiar y es difícil de remediar. Lo triste es que ya han pasado dos años desde el vencimiento del plazo de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú y todo sigue exactamente igual. El Gobierno de Santiago Peña, al que le tocó la responsabilidad de la renegociación, se ha dedicado a seguir persiguiendo migajas en vez de plantarse firme en defensa del interés nacional y de la plena restitución de los legítimos derechos del Paraguay.