Invocando la figura de la cuenta única, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) y sus allegados admitieron que fueron destinados al pago de gastos corrientes, pese a que la Ley Orgánica Municipal prohíbe expresamente realizar operaciones de crédito público para financiarlos. El interventor dice que ya dispone de los documentos, no proveídos a la CGR, que le permitirían no solo “tener la trazabilidad exacta de la aplicación de esos recursos”, sino también demostrar cuánto se empleó en cada tipo de gasto corriente.
Por de pronto, se sabe que solo restan 123 millones de guaraníes en las cuentas bancarias de los bonos G8, que debían solventar las obras, ninguna de las cuales está terminada: una de ellas –adjudicada por 71.394 millones de guaraníes– quedó paralizada por falta de pagos, debido quizá a alguna maniobra ilícita cometida con la “cuenta única” para cubrir gastos corrientes. No obstante, los contribuyentes asuncenos ya adeudarán a fin de mes 50.000 millones de guaraníes en concepto de intereses por unos bonos que, en realidad, habrían servido para pagar, entre otras cosas, los salarios del abundantísimo personal, distribuido en casi sesenta direcciones.
Ni aún así Nenecho se mostró muy puntual con esas remuneraciones, pues además adeuda 55.000 millones de guaraníes por préstamos vencidos a corto plazo, 10.000 millones a la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción y 12.000 millones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. Según Carlos Pereira, la comuna tiene un pasivo de más de 2,3 billones de guaraníes (319.440.000 dólares), pero dispone de solo 46.320 millones de guaraníes para cumplir con sus obligaciones financieras. El interventor, que “de entrada podría prescindir de tres mil funcionarios”, según dijo, afirma que la Municipalidad está en “terapia intensiva”.
Así las cosas, se espera que su dictamen, que con el de la CGR deberá elevar al Poder Ejecutivo a más tardar el 24 de agosto, al final no sirva para “blanquear” una administración municipal tan nefasta, como la que han venido soportando los asuncenos debido a una grosera confabulación entre el intendente y la gran mayoría de los ediles. Sería escandaloso que el carnet partidario prime sobre el interés general de que Nenecho sea destituido por la Cámara Baja; al igual que en la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, el sectarismo político no debe prevalecer sobre el bien común.
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En vez de salir airoso de esta fiscalización, el susodicho debe pasar a integrar la galería de los peores intendentes que ha tenido la capital del país desde 1989, y de ser necesario, recibir la condena que determine la Justicia. Su vergonzosa gestión es incompatible con la honestidad y la idoneidad; no debe seguir ofendiendo a los capitalinos con sus ridículas fanfarronadas. En el caso de los “detergentes de oro”, está imputado desde septiembre de 2024 por lesión de confianza y asociación ilícita; en el de los bonos, está siendo investigado desde julio de ese año. Más allá de la presunción de inocencia, estos penosos antecedentes deberían llamar la atención del interventor que, por lo demás, viene actuando con aceptable transparencia.
Asunción merece algo mucho mejor que una administración municipal signada por la desfachatez clientelar, la corrupción desaforada y la ilegalidad financiera, que impiden que la ciudad tenga las obras y los servicios a ser financiados por los tributos. En otras palabras: un intendente serio, responsable, que esté a la altura de su cargo y no cause vergüenza ajena. Lo mismo cabe decir de los munícipes complacientes: muchos parecen haber abandonado el barco que se hunde, pero podrían volver a las andadas si se da la ocasión, por lo que esta intervención debe poner las cosas en su lugar: identificar a los responsables del descalabro y ponerlos a cargo de la Justicia.