Dado el historial en la materia, no asombran los lamentables resultados del nuevo examen que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizó en el marco de un concurso público de oposición, para evaluar la idoneidad de 15.354 docentes que aspiran a enseñar en los niveles inicial, básico y medio: lo aprobaron solo 4.547, de lo que se desprende que hay un grave problema de fondo en la calidad educativa, reflejado, por ejemplo, en los alarmantes resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Es clara la necesidad de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros de enseñanza, pero también la de atender la formación docente. En efecto, con frecuencia se denuncian las deficiencias en materia de aulas y pupitres para los alumnos, a las que debe sumarse que la gran mayoría de los educadores es inepta. Los numerosos aplazados suelen quejarse de que las pruebas son demasiado difíciles, mucho más quizá que obtener un “rubro” gracias al padrinazgo político-partidario, retribuido luego con la intervención en campañas electorales.
El paupérrimo sistema falla por su base, es decir, por la formación docente. Ocurre que no todos los 85 institutos encargados de ella son confiables, como lo revelaron en abril las pruebas de ingreso fraudulentas constatadas en veinte centros privados y en ocho públicos. Por lo demás, solo el 28% de todos ellos cuenta con un certificado de calidad expedido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Aneaes). En noviembre del año pasado, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, cuestionó la formación docente y se preguntó “si es posible seguir estableciendo un mecanismo de distancia, donde se hace algún tipo de trabajo práctico y se obtienen los títulos para ser docente”. A decir verdad, también los gremios de docentes creen necesario evaluar el desempeño de los institutos de formación, sobre todo el de los privados, reconociendo así la mala calidad de la enseñanza luego impartida a los alumnos.
Esa deplorable circunstancia afecta, sobre todo, a los provenientes de hogares de bajos ingresos, según informó el PISA a fines de 2023: el 90% de ellos no puede resolver problemas matemáticos, incapacidad esta que “solo” tiene el 60% de los de origen “rico”: la brecha aumentó con relación a los resultados de 2017, al igual que en lo que respecta a las ciencias y a la comprensión lectora. Estos ilustrativos datos se oponen tanto al sentido de justicia como al mandato constitucional de que haya “igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”. Sin una buena educación pública, brindada por docentes idóneos, la desigualdad irá creciendo. Por supuesto, también la impartida en el sector privado debe mejorar en gran medida, mediante la adecuada formación docente, por lo que es imprescindible que los institutos encargados de ella sean supervisados de cerca por la Aneaes y que todos cuenten con certificados expedidos por ella.
En general, los responsables de las políticas públicas parecen ignorar o despreciar la obviedad de que el futuro de las jóvenes generaciones depende de los conocimientos transmitidos por personas competentes. Por lo tanto, es necesario poner bajo la lupa a los institutos de formación: mejorar la calidad del capital humano supone que los docentes sean bien instruidos, en su propio beneficio y en el de sus compatriotas. Entretanto, es de temer que, como hubo tantos aplazados en el examen realizado por el MEC para formar un banco de datos de educadores elegibles, recurra a los “recomendados” de siempre para llenar las vacancias. Se trata de una grave falencia sobre la que debe ponerse con énfasis la atención, pues está en juego el desarrollo del país.
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