Se han cumplido dos años del plazo establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú para su revisión. A estas alturas, ya no queda más que suponer que Santiago Peña transó con Brasil a espaldas de la ciudadanía para mantener inalterado el statu quo en detrimento del interés nacional. Solo así se puede explicar que, después de haberse cancelado hasta el último dólar de la fabulosa deuda por la construcción de la central, hasta el día de hoy, a 52 años de la creación de la entidad, Paraguay siga sin poder disponer libremente de su parte de la energía y sin poder obtener las rentas que le corresponden por su 50% del aprovechamiento energético de ese tramo “compartido” del río Paraná.
La renegociación del Tratado de Itaipú es un viejo sueño de los paraguayos que nunca se pudo realizar. Hasta agosto de 2023 Brasil se escudó en el principio “pacta sunt servanda” (lo que se pacta y se firma tiene que ser cumplido), en virtud de lo cual, por disposiciones en el Anexo C y por la interpretación que históricamente se les ha dado a las mismas y que en la práctica rigen hasta hoy, Paraguay se vio obligado a cederle la totalidad de sus excedentes a su socio a cambio de una arbitraria “compensación”, totalmente divorciada del valor de mercado o de un “justo precio” de esa energía.
En 41 años, desde que comenzó a producir la primera turbina en 1984 hasta junio de 2025, último dato dado a conocer, Itaipú generó 3.089.070 gigavatios/hora de electricidad, de los cuales Brasil se quedó con cerca de 2.800.000 GWh, el 90%, suficientes para abastecer durante un año a más de cien países medianos. Con eso apuntaló durante las últimas cuatro décadas el desarrollo de sus estados más ricos, incluido el poderoso aparato industrial del Estado de São Paulo.
Ese 90% está compuesto por la mitad que le corresponde y por el 80% de lo que le corresponde a Paraguay, que en total consumió en estos 41 años solo poco más de 300.000 de los 1.545.000 GWh producidos con su 50% de la potencia instalada. Todo ese excedente lo cedió al Brasil, que por ello pagó el precio de costo (tarifa de Itaipú) más una “compensación” que, ya con todos los ajustes que se hicieron con los años, incluidos los acordados durante los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo, fue, en promedio, de apenas 4,4 dólares el megavatio/hora.
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Para tener una idea, hoy en la región se pagan 100 y hasta 200 y más dólares el megavatio/hora, y si se compara con el “precio de sustitución”, que es un valor utilizado internacionalmente, que consiste en lo que habría costado obtener esa energía con otras fuentes, por ejemplo petróleo, la diferencia es mucho mayor.
Para justificar este despojo, en su momento se argumentó que Paraguay no tenía la capacidad financiera para solventar su parte de la deuda por la construcción de Itaipú. Pero esa deuda, que terminó siendo sideral, más de 60.000 millones de dólares, muy por encima de cualquier costo razonable para una obra similar, que quedaron prácticamente en su totalidad en Brasil, se terminó de cancelar totalmente en febrero de 2023, por lo cual dicho (falaz) argumento ha perdido todo sustento.
Tampoco se puede alegar el “pacta sunt servanda” desde el 13 de agosto de 2023, dos días antes de la puesta en funciones de Santiago Peña, por imperio del propio Anexo C, que estipula en su cláusula VI que sus disposiciones “serán revisadas” a los cincuenta años de vigencia del Tratado, que entró en vigor el 13 de agosto de 1973 luego del intercambio de los instrumentos de ratificación.
Por eso es inentendible que este Gobierno, en el que estaban depositadas todas las esperanzas ahora que por fin se daban las condiciones, no haya exigido desde el primer día la plena restitución de los derechos paraguayos y la recuperación de su soberanía sobre su valioso recurso natural. En cambio, Santiago Peña puso todo su énfasis en conseguir “fondos socioambientales” por diferencia tarifaria, lo cual no es más que una “migaja” por la que, puede pensarse, se dejó comprar.
Según han admitido sus mismos altos funcionarios, Brasil considera que Paraguay va a tener excedentes en Itaipú por lo menos por diez años más y obviamente está interesado en quedarse con ese sobrante al menor costo posible. La sospecha es que accedió a elevar la tarifa de Itaipú para “fondos sociales” a cambio de mantener esencialmente todo como está.
Tal sospecha se acentúa por declaraciones hechas por el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien es uno de los principales “negociadores” y actúa de vocero. Dijo que “no se va a tocar la figura de la cesión (en el Anexo C), porque eso implicaría modificar el Tratado”. Cuando, precisamente, lo que anhela toda la sociedad paraguaya es la renegociación del Tratado para eliminar la obligación de ceder su energía. Si Brasil la quiere, que la pague a precio de mercado.
Y, como si fuera poco, insólitamente las conversaciones están suspendidas hace cuatro meses por decisión unilateral del Gobierno paraguayo, hasta tanto Brasil “brinde explicaciones” sobre el caso de espionaje en Itaipú, cosa que, por supuesto, no se digna a hacer. El que debería estar interesado en que avancen esas conversaciones es Paraguay, no Brasil. Desde su punto de vista, cuanto más tiempo se posterguen, mejor.
El hecho es que han pasado dos años y Brasil se sigue quedando hasta el día de hoy con 15 a 20 millones de MWh de energía paraguaya al año a precio vil. Supuestamente Paraguay es el “dueño”, pero se la tiene que ceder en vez de vendérsela a valor real, tampoco le permiten comercializarla de manera independiente en su mercado abierto y mucho menos negociarla con terceros países. El pueblo paraguayo merece urgentes explicaciones.